"Como secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, ayer [el 15 de mayo] llamé a las autoridades ucranianas a liberar de inmediato a nuestro colega ruso", dijo.
Recordó que "la libertad de la prensa es garantizada por el artículo 34 de la Constitución de Ucrania y el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales".
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) irrumpió el 15 de mayo en la sede de la corresponsalía de RIA Novosti Ukraina en Kiev y llevó a cabo un registro que duró alrededor de ocho horas. El SBU también arrestó al jefe del portal, Kiril Vishinski, al que acusó de alta traición y de haber apoyado a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL).
Además, fueron registrados los domicilios de la corresponsal de RIA Novosti Ukraina, Liudmila Lisenko, y del responsable de la delegación de la agencia en este país, Andréi Borodín. Ambos periodistas fueron citados a declarar.
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Los agentes ucranianos también detuvieron el 23 de abril a la jefa del movimiento 'Voluntarios de la Victoria' en Crimea, Elena Odnovol, quien también fue acusada de alta traición.
Por su parte, la directora de la agencia de noticias Sputnik, Margarita Simonián, considera que el incidente ocurrido es un acto de venganza de Kiev por la construcción del puente de Crimea. Simonián destacó que el portal RIA Novosti Ukraina no está vinculado jurídicamente con la agencia Rossiya Segodnya, pero actúa como su socio informativo.
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A su vez, Dmitri Kiseliov, director general de Rossiya Segodnya, exigió a Kiev la liberación inmediata de Vishinski y el fin de la persecución a los medios.
En las redes sociales fue lanzado el hashtag #TruthNotTreason —VerdadNoTraición— para mostrar apoyo a Vishinski.
El representante para la libertad de prensa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Harlem Désir, se mostró preocupado por lo ocurrido y recordó a Ucrania que los países de la OSCE deben respetar la movilidad profesional de los periodistas.
La organización Human Rights Watch (HRW) coincidió con la OSCE y también expresó su "extrema" preocupación.
