La sentencia concluye que la actividad de la citada trama produjo "beneficios cuantificables al Partido Popular", por lo que considera que la formación conservadora "debe ser condenada como partícipe a título lucrativo".
La formación política deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en los municipios madrileños de Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo "un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado".
Los hechos probados de la llamada "primera época de Gürtel" se sitúan entre los años 1999 hasta 2005, en relación con la estructura de una organización liderada por el empresario Francisco Correa y desplegada en determinados territorios gobernados por el Partido Popular.
El Tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa —cuya traducción en alemán es Gürtel— y el Partido Popular se tejió una "estructura de colaboración estable" mediante la que se estableció "un eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública".
A cambio, los empresarios inflaban los precios que cobraban esas administraciones públicas y después repartían comisiones de dinero en metálico o hacían regalos a los políticos facilitadores.
Según los jueces, las cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar gastos electorales del Partido Popular o fueron a parar como donaciones a la llamada "Caja B" del partido, consistente "en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989".
La resolución impone la pena más alta, de 51 años y 11 meses de cárcel, al líder de la trama, Francisco Correa, mientras que al considerado su número dos, Pablo Crespo, le condena a 37 años y medio.
Según la sentencia, Bárcenas era una pieza fundamental del entramado corrupto porque se encargaba de los contactos entre el partido y Francisco Correa, así como de gestionar los repartos del dinero conseguido de forma ilícita.
Entre las personas condenadas destaca la presencia de Ana Mato, que fue ministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy entre los años 2011 y 2014.
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El Tribunal Considera a Mato partícipe a título lucrativo por los viajes y servicios que el Grupo Correa otorgó a su familia.
Algunas de las penas más elevadas son las del exalcalde del municipio madrileño Majadahonda Guillermo Ortega, penado con 38 años y 3 meses de cárcel; la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, con 31 años y 9 meses; la del contable del entramado, José Luis Izquierdo, de 17 años y 7 meses; o la del exalcalde de Pozuelo —y exmarido de Ana Mato— Jesús Sepúlveda, de 14 años y 4 meses.
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La sentencia, de 1.687 páginas, incluye un total de 165 penas, entre las que destacan 28 delitos de prevaricación, 24 delitos de cohecho, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública.
