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Por qué EEUU ignora las muertes de María en Puerto Rico

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La cifra oficial inicial de 64 muertos por el huracán María en Puerto Rico podría elevarse a más de 1.000, según las estimaciones más conservadoras, como se supo a partir de estudios universitarios e investigaciones periodísticas. A pesar de la contundencia de los datos, el hecho se mantuvo al margen de la opinión pública de los Estados Unidos.

Esta situación se debe en gran medida a la "condición colonial territorial" de la Isla, cuyos habitantes no tienen herramientas de representación efectiva en el sistema político de EEUU, opinó en diálogo con Sputnik el académico puertorriqueño Carlos Ramos González, profesor de Derecho de la Universidad Interamericana en San Juan.

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Por eso, la cobertura de los medios de comunicación nacionales sobre lo ocurrido en Puerto Rico se vio reducida a un mínimo, a pesar de que quienes viven en el territorio caribeño (en libre asociación con EEUU) gozan de la ciudadanía estadounidense, como cualquier persona nacida en cada uno de los 50 estados que conforman al país, por virtud de una ley de 2017.

"Para los medios de comunicación estadounidenses, precisamente por esa ausencia [en las estructuras políticas], lo puertorriqueño es algo marginal. La situación no les concierne mucho ni hay poder político para que se sientan más involucrados en una tragedia como esta", opinó el experto.

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Como consecuencia, los puertorriqueños se han visto de cierta manera "en soledad" en la trágica noticia, ya que desde América Latina se los suele considerar como parte de EEUU, país que a su vez no los termina de reconocer como una parte integrante.

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De acuerdo con el observatorio Media Matters for America (MMA), la cancelación de un programa de televisión debido a un tuit racista por parte de su conductora, Roseanne Barr, tuvo más cobertura mediática que un estudio de la Universidad de Harvard, que estimó en hasta 4.600 las posibles muertes por el huracán.

La entidad evaluó el tiempo dedicado en tres canales de cable comparando ambas noticias reveladas el mismo día. Mientras que lo ocurrido en Puerto Rico se ubicó en segundos o pocos minutos, las acusaciones a Roseanne Barr se extendieron durante horas.

El racismo es un tema candente en la sociedad estadounidense, lo que podría explicar la desigualdad. Sin embargo, según MMA, la falta de cobertura de las novedades sobre la catástrofe en Puerto Rico también son explicadas "al menos en parte por el racismo", debido al sesgo que los medios hegemónicos tienen hacia el territorio.

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"Me pregunto qué sucedería si se tratara de 5.000 ciudadanos estadounidenses del continente, si no fueran marrones y si no hablaran español. Creo que estaríamos hablando mucho más de esto", dijo en una emisión televisiva la estratega del Partido Demócrata María Cardona, de origen puertorriqueño.

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Las cifras de Harvard se basan en estimaciones que comparan la mortalidad del último trimestre de 2017 y con la del mismo período del año anterior a partir de una encuesta aleatoria a 3.299 hogares. Pero si bien tienen un amplio margen de error, incluso en la estimación más conservadora el número de muertes resulta mayor a las reconocidas inicialmente por San Juan.

Meses antes, un trabajo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) estima en al menos 985 los muertos, en base a datos obtenidos de los registros demográficos de Puerto Rico, cifra que se puede elevar a 1.052 si se tienen en cuenta los días previos al huracán (20 de septiembre), con las consecuencias también devastadoras de Irma. Pero no alcanzó notoriedad nacional como el informe de la célebre universidad.

"La mayoría de estas muertes fueron hombres y mujeres mayores de 50 años que murieron en hospitales y casas de cuidados de condiciones como diabetes, Alzheimer, enfermedad renal, hipertensión, neumonía y otras enfermedades respiratorias", dice la investigación periodística.

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En diálogo con Sputnik, Ramos recordó que el Gobierno debió reconocer que la cifra oficial debía ser revisada. En una nota, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico dijo que "siempre esper[ó] que el número fuera mayor al que se divulgó previamente" e indicó que se encargó un informe a la Universidad George Washington.

"Con el tiempo fue más que evidente que tanto en la preparación como en la recuperación el número de muertes de Puerto Rico era catastrófico, producto no necesariamente de la inundación o de un techo que se desploma, sino de consecuencias de personas que estaban enfermas y cuyas condiciones físicas se agudizaron por lo que había ocasionado la catástrofe", indicó Ramos.

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Esto es fruto de la política de "un Gobierno que no estaba preparado" para una catástrofe de esa magnitud, ya que si bien "sobre el papel" existían planes de contingencia, ninguno se vio ejecutado para "llevar a efectos y evitar tragedias" como la ocurrida, en parte debido a la "falta de confianza" en las capacidades propias de los puertorriqueños.

E incluso las respuestas desde Washington se vieron intimadas por la presión del "exilio" puertorriqueño en el país (de más de 3,5 millones de personas), esenciales de momento que el país carece de "los poderes políticos y económicos para salir de la catástrofe".

"Para los diferentes sectores de EEUU, Puerto Rico ha sido importante en los últimos 120 años cuando ha habido necesidades económicas para satisfacer para la metrópoli. También desde el punto de vista militar, cuando en cierto punto el 13% de nuestro territorio nacional eran bases", dijo el catedrático.

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Sin embargo, "nada de eso ha cambiado la realidad" de que durante todo ese tiempo "Puerto Rico es una nación que fue intervenida militarmente y ha seguido siéndolo, sin representación en las estructuras de poder de EEUU".

A pesar de que políticamente les fue conferida la ciudadanía estadounidense, sociológicamente los puertorriqueños "no han dejado de sentir su nacionalidad".

Y si bien "por razones económicas y políticas se necesita de la nación estadounidense", a la isla no la ven como un "igual" en el vínculo. Prueba de ello es la Junta de Control Fiscal determinada por el Capitolio que "ha dejado clara la condición de subordinación política" del país, que ha marcado una agenda de ajuste y austeridad que ha golpeado a "los sectores más empobrecidos".

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