Movimiento social colombiano pide al BID que revise participación en represa Hidroituango

En un comunicado, Ríos Vivos solicitó al BID que indague si "tanto su brazo público como privado cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de intervenir el proyecto", el cual amenaza con derrumbarse parcial o totalmente y generar la inundación de varios municipios vecinos.

De acuerdo con el movimiento social, el llamado al BID obedece a que dicho organismo busca que los proyecto de los que hace parte sean sostenibles, participativos y respetuosos con la legislación de cada país.

"El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza", señaló Ríos Vivos en un comunicado.

Asimismo, destacó que el embalse, que tenía previsto entrar en funcionamiento a finales de este año, "ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa", lo cual, aseguró, "contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus intervenciones".

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En la misiva, el movimiento social también rechazó que para la construcción de Hidroituango la firma que impulsa el proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM), hubiera inundado un área de 79 kilómetros vecinos al embalse sin haber retirado la capa vegetal, lo cual afectó a las comunidades vecinas.

La represa en construcción registró el derrumbe de varios túneles de desviación de aguas el pasado 28 de abril, lo que desde entonces ha derivado en una emergencia para al menos doce municipios de su área vecina ante el represamiento del río Cauca —el segundo más caudaloso del país— en la parte alta del embalse, que puede salirse de control y derivar en una avalancha de grandes proporciones.

Dicha situación obligó a la evacuación de más de dos mil personas que desde hace un mes permanecen en albergues en la cabecera del municipio de Valdivia, a unos 30 kilómetros de la represa.

La situación fue advertida desde hace años por el movimiento Ríos Vivos, que sostiene que la zona es geológicamente inestable y que en la zona de inundación había varias fosas comunes con los cuerpos de personas asesinadas por grupos paramilitares, los cuales ahora no se podrán identificar.

El Gobierno, por su parte, mantiene las alertas ante un eventual colapso del embalse, y el presidente Juan Manuel Santos reiteró la orden de reforzar el sistema de monitoreo de Hidroituango con el fin de aumentar la capacidad de prever eventos riesgosos.

En la actualidad se trabaja en la puesta en marcha de una central integral de monitoreo, la cual hace parte de una de las recomendaciones hechas al Gobierno colombiano por dos equipos de especialistas internacionales conformados por la ONU y el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Se prevé que la emergencia en Hidroituango se matendrá por varios meses, según ha sostenido la propia EPM.