"Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países", dijo el procurador general, Pablo Menacho, en el acto de firma del indicado acuerdo transaccional.
El acuerdo fue firmado también por el ministro de Minería, César Navarro, y un representante de Quiborax, no identificado de inmediato.
El paso acordado, que implica una renuncia de Quiborax a parte de la compensación ganada, es aproximadamente 14,5 millones de dólares menos que el monto fijado por el CIADI, incluidos intereses y costas.
Menacho destacó que el monto final representa un ahorro de 108 millones de dólares, o 72% de los 150,8 millones de dólares que Quiborax demandaba originalmente.
Navarro aplaudió el fin de la controversia, que según señaló fue provocada por una acción "irresponsable" del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien decretó en 2004 la anulación de las concesiones que detentaba Quiborax.
Esa medida desató un pleito que la firma chilena derivó al CIADI, donde finalmente se decantó en favor de Quiborax.
El mes pasado, tras la confirmación del fallo a favor de Quiborax, la Procuraduría demandó a Mesa ante la Fiscalía General, la cual a su vez remitió los antecedentes al Tribunal Supremo para la eventual apertura de un juicio de responsabilidades contra Mesa, por violación de la Constitución, daño económico al Estado y otros delitos vinculados.
El expresidente, que ahora es considerado en varias encuestas como el principal rival potencial del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019, calificó a la denuncia de la Procuraduría como un intento de "demolición" de su figura política.