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Bolivia acuerda pagar indemnización de más de $42 millones a empresa chilena Quiborax

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LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia y la empresa chilena Quiborax acordaron un pago final de 42,6 millones de dólares que abonará el Ejecutivo en cumplimiento de un laudo arbitral internacional emergente de la anulación de sus derechos de explotación de ulexita y otros productos no metálicos del salar de Uyuni.

"Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países", dijo el procurador general, Pablo Menacho, en el acto de firma del indicado acuerdo transaccional.

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La transacción fue firmada menos de un mes después de que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, ratificara su fallo a favor de Quiborax por la reversión al Estado boliviano, en 2004, de sus concesiones en el salar altiplánico, más conocido como una de las mayores reservas mundiales de litio.

El acuerdo fue firmado también por el ministro de Minería, César Navarro, y un representante de Quiborax, no identificado de inmediato.

El paso acordado, que implica una renuncia de Quiborax a parte de la compensación ganada, es aproximadamente 14,5 millones de dólares menos que el monto fijado por el CIADI, incluidos intereses y costas.

Menacho destacó que el monto final representa un ahorro de 108 millones de dólares, o 72% de los 150,8 millones de dólares que Quiborax demandaba originalmente.

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El ministro Navarro señaló que el acuerdo fue logrado luego de que Quiborax aceptara renunciar al 20% del monto neto de indemnización, al 50% de los intereses y al 100% de las costas.

Navarro aplaudió el fin de la controversia, que según señaló fue provocada por una acción "irresponsable" del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien decretó en 2004 la anulación de las concesiones que detentaba Quiborax.

Esa medida desató un pleito que la firma chilena derivó al CIADI, donde finalmente se decantó en favor de Quiborax.

El mes pasado, tras la confirmación del fallo a favor de Quiborax, la Procuraduría demandó a Mesa ante la Fiscalía General, la cual a su vez remitió los antecedentes al Tribunal Supremo para la eventual apertura de un juicio de responsabilidades contra Mesa, por violación de la Constitución, daño económico al Estado y otros delitos vinculados.

El expresidente, que ahora es considerado en varias encuestas como el principal rival potencial del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019, calificó a la denuncia de la Procuraduría como un intento de "demolición" de su figura política.

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