"Espero que el fiscal tome en consideración los elementos jurídicos y no los elementos políticos", dijo Mesa tras presentar su requerimiento en la sede de la fiscalía general en la ciudad sureña de Sucre, según reportó la radio católica Fides.
Como consecuencia de ese juicio, desarrollado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Gobierno que ahora lidera Evo Morales aceptó pagar 42,6 millones de dólares a Quiborax y decidió iniciar el proceso contra Mesa.
El expresidente dijo que pidió a la fiscalía general que retire la proposición acusatoria que esa oficina, a solicitud de la PGE, presentó al Tribunal Supremo para abrir el juicio.
Mesa sostuvo que Quiborax falsificó el acta de creación de su subsidiaria que explotaba ulexita en el salar de Uyuni, y que ese mismo documento fue utilizado en el juicio que duró doce años en el CIADI, sin objeción del Gobierno boliviano.
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El expresidente reafirmó su decisión de expulsar a Quiborax y cuestionó que en el acuerdo final de pago esa empresa haya sido representada por un abogado que integra también el equipo que defiende a Chile en un juicio planteado por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En el marco de ese juicio en La Haya, por el que Bolivia reclama un diálogo para recuperar su acceso soberano al océano Pacífico, Mesa actúa como portavoz internacional de la posición boliviana.
