Esta violencia busca "atacar las raíces de la vida democrática en el país", dice el informe conjunto de 20 páginas de los relatores especiales en la materia, David Kaye de la ONU, y Edison Lanza de la CIDH.
El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, señala que el origen de la profunda crisis de seguridad se encuentra "una descompostura del Estado de derecho y de la gobernanza en gobiernos locales a lo largo del país, exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura".
Los expertos redactaron el informe tras realizar una visita conjunta a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.
Con base en fuentes oficiales, el informe de Lanza y Kaye documentó 84 homicidios de periodistas cometidos en México desde el año 2010.
La Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) "se negó a ejercer jurisdicción en 37 casos al constatar que no estaban motivados por las actividades periodísticas de las víctimas", dice el document.
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Los expertos estiman que a lo largo de estos últimos ocho años, el personal y la capacidad material y presupuestal de la fiscalía han sido insuficientes.
Esa reducción del presupuesto "socava incluso los intentos más modestos de llevar a cabo el mandato legal de la oficina".
Entre 2014 y 2018, puntualiza, el presupuesto de la oficina se redujo en más de 50%.
Conlusiones y recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones sobre libertad de opinión y de expresión "están orientadas a fortalecer las acciones del Estado en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos", prosigue el documento que analizará el Consejo de DDHH de la ONU.
Los altos funcionarios de la ONU y la CIDH observan que los criterios y la metodología para obtener esa información difieren entre las instituciones federales y de las 32 entidades estatales.
Una comparación de los informes oficiales de distintos niveles encontró que, a diferencia de otros informes provinciales, "los datos recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentan una imagen catastrófica sobre la situación de los periodistas en México".
Los relatores especiales exigen al Gobierno mexicano que "remedie con urgencia" esas deficiencias en los dispositivos para la protección de los periodistas y que aplique "una estrategia más amplia y preventiva sobre su seguridad".
Kaye y Lanza señalan el desafío que tienen las autoridades del país latinoamericano para enfrentar la violencia generalizada en México y la infiltración del crimen organizado en la vida pública, en particular en los municipios y estados asolados por el narcotráfico.
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En cuanto a la Ley General de Desapariciones aprobada recientemente y el protocolo de investigación especializado, "las indagaciones se inician con retraso, incluso cuando se identifica a los sospechosos", lamentan.
Recomiendan además que las 32 entidades federales deberían contar con unidades funcionales para "coordinar e implementar de manera convincente las medidas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos establecidas a nivel federal".
Los relatores especiales están "particularmente preocupados por la completa falta de progreso en las investigaciones sobre la desaparición de periodistas y en los casos más emblemáticos de asesinatos de periodistas".
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Según denuncias periodísticas, los gobiernos federales y estatales compraron o utilizaron el presunto software espía.
La recomendación sobre el tema recuerda que cualquier investigación en curso "debe proteger a las personas de las interferencias arbitrarias y/o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia".
Finalmente, Kaye y Lanza subrayan la importancia del periodismo libre en el contexto de las próximas elecciones generales del 1 de julio, para permitir el derecho del público a la información sobre el proceso electoral.
"Como resultado de esta función, los periodistas se encuentran en medio de un interés competitivo y es probable que se conviertan en blanco de amenazas y ataques físicos tanto por parte de los actores políticos como de los actores no estatales", puntualizan.
Altos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto deberán responder a estas conclusiones en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
