"Reiteramos nuestro respaldo y apoyo total a la solución pacífica de la controversia que atraviesa nuestro país, mediante la implementación efectiva del Diálogo Nacional, consensuado entre el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), los gremios estudiantiles, cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores y la sociedad civil, que tiene como mediador a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)", expresaron los legisladores en un comunicado.
"Nos adherimos a ese deseo y necesidad nacional e instamos a los representantes del Diálogo Nacional a unir esfuerzos para su implementación inmediata", añade el documento.
Los diputados expresaron además su solidaridad con los familiares de las víctimas fallecidas, "haciendo un llamado al cese de la violencia, venga de donde venga, mediante la tolerancia, el respeto a la propiedad pública-privada y, sobre todo, a la vida".
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Nicaragua vive una grave crisis política y social desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron una serie de protestas contra el presidente Daniel Ortega que hasta el 19 de junio dejaron al menos 222 muertos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales.
El gobernante Frente Sandinista para la Liberación Nacional sostiene que las protestas forman parte de un "golpe suave" que tiene como fin derrocar al presidente.
El Gobierno y la oposición, con mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, acordaron un diálogo nacional, suspendido el 18 de junio por segunda vez por parte de los obispos, tras la negativa de las autoridades de invitar al país tres misiones de organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Los obispos y la oposición piden que misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Unión Europea se desplieguen en Nicaragua para investigar las causas de la violencia y dar seguimiento a procesos de justicia y reparación de víctimas.