En una providencia emitida este 29 de junio, el juez comunicó a los políticos catalanes que deben abonar en dos días de forma solidaria una fianza de responsabilidad civil "bajo apercibimiento de que en caso de que no lo hagan en el plazo concedido, se procederá al embargo de los bienes de dichos procesados para cubrir las cantidades reclamadas".
Las catorce personas a las que Llarena reclama el pago de la fianza están procesados por la presunta comisión de delitos de rebelión, malversación o desobediencia durante el proceso independentista de la pasada legislatura, que llevó a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y a la adopción de una declaración de independencia que no tuvo efecto.
Infografía: La larga historia del enfrentamiento entre Madrid y Barcelona
De esas catorce personas, cinco huyeron fuera de España para eludir al Tribunal Supremo y otras seis se encuentran encarceladas de manera preventiva en Madrid.
