Según informó este 2 de julio la cadena de radio Rac1, Puigdemont inició los trámites para pedir la oficina y los recursos de personal y seguridad que le corresponden y que incluyen una escolta de los Mossos d'Esquadra (Policía catalana).
La portavoz de la Presidencia de la Generalitat (Gobierno catalán), Elsa Artadi, declaró en rueda de prensa que la concesión de estas prerrogativas "ahora mismo es prioridad".
El político independentista perdió su escolta policial oficial cuando el Gobierno español activó, previa ratificación del Senado (cámara alta del Parlamento), el artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad, aplicado por vez primera el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña declaró la independencia.
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Como consecuencia de la aplicación del 155, Madrid cesó a Puigdemont como presidente de la Generalitat.
Ahora, aseguran los medios locales, reclamará sus derechos como expresidente.
La líder de la oposición, la presidenta de la formación liberal Ciudadanos (C's) en Cataluña, Inés Arrimadas, criticó la medida en una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña.
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"Indignante: dio un golpe contra la democracia, violó derechos de millones de catalanes, incumplió la Constitución, el Estatut y resoluciones judiciales, sigue cobrando y ahora pretende que todos le paguemos otro chiringuito", escribió Arrimadas en su cuenta de Twitter al acusar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de mirar "hacia otro lado".
Indignante: dio un golpe contra la democracia, violó derechos de millones de catalanes, incumplió la CE, el Estatut y resoluciones judiciales, sigue cobrando y ahora pretende que todos le paguemos otro chiringuito. Sánchez sigue mirando hacia otro lado. https://t.co/MC9cepRNIM
— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) July 2, 2018
El expresidente catalán se encuentra actualmente en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida su posible entrega a las autoridades españolas, que reclaman su extradición por supuestos delitos de sedición y malversación de fondos relacionados con la organización de la consulta del 1 de octubre.
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Puigdemont fue detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica), donde fijó su residencia tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña del 27 de octubre de 2017, con el fin de eludir la acción de la Justicia española.
