La misión de observación encabezada por el expresidente dominicano Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012), "lamenta y condena cinco muertes en episodios aislados de violencia, ocurridos el día de la elección, y el contexto de violencia nacional en el que se celebró el proceso electoral", indica el documento.
Entre estos asesinatos, los candidatos y precandidatos conforman el grupo más numeroso de víctimas (46 homicidios), seguido por funcionarios municipales (21), ex funcionarios municipales (22), funcionarios de partido (seis), exlegisladores (cuatro), funcionarios de órganos autónomos (dos), legisladores (uno) y exaspirantes a cargos de elección popular en procesos anteriores (uno).
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Estas cifras sitúan este proceso electoral como "uno de los más violentos de la región en los últimos años", dijo la misión electoral de la OEA.
Asimismo, 2017 fue "el año más violento en dos décadas en México, generando un clima de inseguridad para la celebración de las elecciones del 2018", lamentaron los responsables del informe.
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La misión felicitó al izquierdista Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las elecciones "y saluda el espíritu democrático de los demás candidatos que aceptaron tempranamente la voluntad expresada por los mexicanos y mexicanas en las urnas".
La misión estuvo integrada por 65 expertos y observadores de 23 nacionalidades, que estuvieron desplegados en 25 estados de este país.
Los hallazgos
La misión constató que la campaña "se caracterizó por un discurso ofensivo por parte de contendientes políticos".
La misión informa que las autoridades electorales ordenaron el retiro de esos materiales de la PGR de los medios de comunicación oficiales.
Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que existió "infracción consistente en el uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad de la contienda electoral" contra funcionarios de la PGR, que fue apelada y aún está pendiente de resolución.
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La misión constató también "la divulgación de noticias falsas que buscaron desinformar y desacreditar el proceso electoral".
Si bien no pusieron en riesgo la elección, "durante la jornada se produjeron incidentes focalizados de violencia, incluidos el hurto y destrucción de boletas, balaceras y peleas en los alrededores de las casillas de votación, así como amenazas a representantes de partido y funcionarios de casilla".
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De acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral, la votación tuvo que ser suspendida en solo 13 casillas (de más 167.000 en todo el país) "por robo, destrucción de materiales electorales, y el escrutinio y cómputo en dos por robo y destrucción de la documentación".
Asimismo, esas personas manifestaron que el origen de la violencia que afecta a este proceso electoral "está altamente relacionado a redes de delincuencia organizada, que operan a través de comandos armados y sicarios".
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Representantes de partidos y candidatos entrevistados por la misión también manifestaron haber sido "víctimas de intimidaciones telefónicas y mensajes agresivos a través de las redes sociales", indica el texto.
De acuerdo con los testimonios, la falta de garantías de seguridad "fue especialmente crítica a nivel municipal, debido a las mayores limitaciones de las policías estatales y a la reducida confianza que estas despiertan en los actores políticos".
Para combatir esta problemática, la misión sugiere "un enfoque múltiple que reduzca los incentivos de la actividad delictiva y a su vez perfeccione las capacidades de las fuerzas de seguridad estatales".
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La misión de la OEA recomendó, finalmente, reforzar los mecanismos de protección para los distintos actores políticos y representantes de la sociedad civil en período electoral.
