"El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía presente una resolución conclusiva de rechazo o plantee una proposición acusatoria al Tribunal Supremo de Justicia (…), vamos a emitir una resolución en este plazo, una ampliación no está establecida en el procedimiento", dijo a reporteros.
Guerrero hizo la declaración mientras la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, cerraba con voto de confianza una sesión de informe de los ministros, César Navarro de Minería, y Héctor Arce de Justicia, sobre la expulsión de la minera chilena Quiborax decretada en 2004 por Mesa y que dio origen al pleito.
La solicitud de juicio fue presentada el 22 de mayo por la Procuraduría General del Estado (PGE), luego de confirmarse que Bolivia perdió un juicio de 14 años planteado por Quiborax, que había sido afectada por la anulación de sus concesiones en el salar de Uyuni.
El Gobierno y Quiborax convinieron luego en el pago de 42,6 millones de dólares, 14,5 millones menos de lo señalado por el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, donde se desarrolló el proceso.
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La PGE arguyó que la derrota de Bolivia en el CIADI fue producto del incumplimiento de leyes bolivianas en que habría incurrido el expresidente al decretar la anulación de los derechos mineros de Quiborax.
Aclaró que Mesa acudió a la Fiscalía pero en vez de brindar información se limitó a presentar tres memoriales pidiendo el rechazo de la acusación.
Según la PGE, el expresidente debería ser enjuiciado por violación de la Constitución, daño económico al Estado y otros delitos vinculados.
Estos presuntos delitos fueron explicados ampliamente por los ministros Navarro y Arce en la sesión legislativa del 4 de julio, en la que aseguraron que las presuntas irregularidades cometidas por Mesa al anular las concesiones de Quiborax impidieron un acuerdo fuera de corte con esa empresa.
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Si el fiscal da curso a la proposición acusatoria, enviándola al Tribunal Supremo, este organismo deberá pedir la autorización de la Asamblea Legislativa para abrir el eventual juicio contra Mesa.