Inflación, la enemiga de la salud de los argentinos

La inflación es la mayor preocupación de la economía personal y familiar de todo aquel que viva en la Argentina. Más allá del impacto que produce el estrés de tener que adecuarse a los precios siempre en alza y a la caída del poder adquisitivo, los aumentos de los servicios médicos son la manifestación más clara de cuánto afecta este fenómeno directamente en la salud de los habitantes.

A partir de la modificación en 2011 de la ley que las regula, las empresas que ofrecen medicina prepaga deben justificar la necesidad de actualizar las tarifas, y es el ministerio de Salud quien lo autoriza. Desde entonces, los precios han aumentado a la par de la inflación general, aunque acelerado en el último año: mientras que en 2017 la inflación fue de casi 25% y se estima que este año supere el 28%, el incremento de las cuotas de las prepagas entre abril del año pasado y el actual fueron de casi 40%. Seis millones de afiliados sentirán en agosto el aumento en sus bolsillos nuevamente.

"A menos que vivas cerca de alguna clínica pública que esté en óptimas condiciones o que la obra social de tu trabajo sea excelente, tener una prepaga para mí es una necesidad", dijo a Sputnik Fernando, trabajador independiente y padre de dos hijos menores de edad.

"Hoy hay más opciones. Suben los precios pero podés cambiar de empresa, algo que no te conviene si estás cerca de los 65 porque si no tenés como 10 años de antigüedad te cobran muchísimo más. En el último tiempo conozco mucha gente que como yo nos cambiamos a planes similares pero de hospitales privados o de seguros que son más accesibles que las prepagas más conocidas", señaló.

Durante 2017 hubo seis aumentos, en febrero subieron un 4% y recientemente en junio hubo un ajuste, también por 7,5%. A partir de agosto, este tipo de servicios verán un nuevo cambio en las cuotas, que cuentan con un amplísimo rango de precios según la cobertura y la edad: una pareja de mayores de 40 años con dos hijos menores va a pagar alrededor de 7.000 pesos (200 dólares) por mes por un plan básico o hasta paquetes premium cercanos a los 50.000 pesos (1.800 dólares).

En un país donde el salario mínimo está fijado en 10.000 pesos (360 dólares) mensuales, este tipo de servicios privados resultan difíciles de afrontar para las clases sociales de menores ingresos, que dependen del sistema de salud pública (20% de los habitantes, según fuentes oficiales) o principalmente de la cobertura garantizada por las obras sociales.

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A diferencia de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, la atención médica es un derecho garantizado por ley para todos los trabajadores en relación de dependencia e inscriptos en régimen tributario regular (40,6% de la población), quienes aportan todos los meses un porcentaje de sus sueldos a su seguridad social de manera automática. Este seguro es extensible a sus parejas en caso de no trabajar y a sus hijos menores de 21 años.

Es por esto que, entre obras sociales y prepagas, aproximadamente un 65% de la población argentina cuenta con algún tipo de cobertura de salud, uno de los índices más altos de la región. Según el último informe de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami), le siguen Uruguay (58%), Colombia (46%), Brasil (23%), Chile (19%), Perú (7%) y México (1%).