"Emito el requerimiento acusatorio a objeto de que (…) el Tribunal Supremo de Justicia lo remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional a los fines de considerar la autorización de juzgamiento con respecto a la conducta del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert", dijo Guerrero leyendo en conferencia de prensa su propia resolución.
El fiscal precisó que tomaba esa decisión en el plazo legal y "en merito a los antecedentes acumulados y la existencia de materia justificable y tipicidad en el contenido de la proposición acusatoria" presentada inicialmente por la Procuraduría General.
El mismo Mesa había denunciado la semana pasada que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, había dado una aprobación anticipada a su juzgamiento al saludar con aplausos un informe ministerial que lo responsabilizó por la derrota de Bolivia en un juicio contra Quiborax en un tribunal internacional.
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El fiscal Guerrero explicó que para tomar su decisión consideró toda la documentación oficial disponible pero no pudo incluir una declaración de Mesa, porque éste se negó a responder preguntas cuando fue convocado.
"Solo después de que el requerimiento acusatorio vuelve de la Asamblea al Tribunal Supremo, y éste lo devuelve al Ministerio Público, es cuando comienza realmente el proceso de investigación", dijo Guerrero.
El fiscal añadió que en el eventual juicio de responsabilidades no serán incluidos los tres exministros de Mesa también identificados en la denuncia de la Procuraduría, porque el expresidente "es la única persona que goza de privilegio constitucional" en este caso.
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Quiborax explotaba ulexita y otros productos no metálicos en el salar de Uyuni (sudoeste) cuando Mesa anuló sus concesiones supuestamente sin cumplir procedimientos que su mismo Gobierno había aprobado en forma previa, lo que originó el pleito perdido finalmente por el Estado, según la actual administración boliviana.
A principios de junio, tras perder un largo proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, el Gobierno convino con Quiborax el pago de 42,6 millones de dólares, 14,5 millones menos de lo señalado en el fallo correspondiente.
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Según la Procuraduría, los delitos principales que habría cometido Mesa en este caso se tipifican como violación de la Constitución y daño económico al Estado.