"Si los presuntos delincuentes se escapan y nuestros socios no nos los devuelven, deberíamos plantearnos volver a ponerlas [las fronteras]", afirmó el eurodiputado conservador Esteban González Pons en una entrevista radiofónica para Onda Cero al agregar que la suspensión del espacio Schengen serviría para "defender la dignidad de España".
"En el momento en el que un tribunal regional de Alemania enmienda la plana a España, poniendo de manifiesto que no devolverá a una persona que según el Tribunal Supremo ha dado un golpe de Estado, lo normal es que se proteste", manifestó.
El eurodiputado reveló en su entrevista que ya hizo esta petición al anterior presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, cuando Bélgica se negó a entregar a los exconsejeros que se encuentran en su territorio.
Tema relacionado: Puigdemont recurrirá al Constitucional alemán para evitar su entrega a España
Además, el eurodiputado conservador recordó que Schengen ya está suspendido de manera total o parcial en seis países miembros de la Unión Europea para bloquear el tránsito de refugiados e inmigrantes.
Uno de los candidatos a la presidencia del PP, Pablo Casado, respaldó poco después la idea de González Pons.
"Si presido el PP no se va a tolerar este tipo de humillaciones a la soberanía nacional de un país como España, que tiene una historia suficientemente dilatada y un papel en la construcción europea suficientemente importante como para se nos tenga que avergonzar de esta manera", afirmó Casado.
El 12 de julio la Justicia alemana decidió autorizar la extradición de Puigdemont por un supuesto delito de malversación de fondos relacionado con la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, descartando el de rebelión.
Puigdemont fue detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica), donde, como varios miembros de su gabinete, fijó su residencia tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña del 27 de octubre de 2017, con el fin de eludir la acción de la Justicia española, que lo acusa de delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.