Más de 90 organizaciones reúne a esta altura la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, entre ellas la Unidad Ecológica Salvadoreña, de la cual Amaya es una de sus referentes.
"En ningún momento vamos a permitir que recursos naturales y derechos tan fundamentales sean negociados sobre la base del comercio y ponerle precio a la vida", asegura Amaya, al anticipar la oposición que seguirán ejerciendo hacia la Ley Integral de Aguas. "No nos deben confundir las lindas palabras con los reales perjuicios que trae la ley", aclara.
Por su parte, el oficialismo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional afirma seguir comprometido con el contenido y la forma de la Ley General de aguas, fondeada en el Parlamento ante el surgimiento de este nueva versión.
En líneas generales, apunta Amaya, el organismo que impulsa la Ley Integral de Aguas para la gestión estaría integrado por cuatro representantes del mundo privado y un delegado del presidente, mientra que el proyecto anterior incluía en todos los ámbitos de gestión a la sociedad civil.
Amaya dice que esa lógica ya está instalada en El Salvador y es muy difícil de revertir.
"Aquí se habla de un 35% de la población que no tiene acceso al agua potable, y una cosa es que tengas tuberías y otra acceso al agua. A muchas comunidades les cae nada más el agua por hora racionadamente y esto les limita por ejemplo el acceso a la salud".
En la otra punta del continente, en Uruguay, Carlos Sosa es sindicalista de OSE, el organismo que potabiliza, almacena y distribuye el agua de manera monopólica. Fue uno de los referentes en la campaña que en 2004 derivó en la reforma constitucional que consagró el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental.
Su sindicato impulsa ahora, 14 años después, una juntada de firmas para derogar una polémica nueva Ley de Riego, que a juicio de los activistas privatiza y da posibilidades de lucro al sector privado. Para Santos, no es casual que en todo el continente haya problemas similares con el agua: contaminación, privatización, desabastecimiento.
"Tenemos contacto con los compañeros de El Salvador, de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, estamos conformando a nivel de América la Acontagua, que son todos los trabajadores que tienen vínculos con el tema", dijo Santos a Sputnik.
Sobre la realidad uruguaya, el dirigente dijo que la nueva Ley de Riego que buscan "derogar mediante la iniciativa popular" y que se votó el año pasado "es inconstitucional e inconveniente".
En primer lugar porque habilita la gestión y el lucro del recurso por parte de privados con fines productivos y en segundo lugar por en ningún lado cita el artículo 47 de la Constitución, que fue el que reformado en 2004 y que impediría en la letra, según los activistas, este tipo de concesiones.
