El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra varios dirigentes independentistas, Pablo Llarena, retiró las órdenes europeas e internacionales de detención contra Puigdemont.
Según el comunicado del Supremo, "el juez de la Sala II Pablo Llarena ha dictado un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado solo por un delito de malversación de caudales públicos pero no por rebelión o sedición".
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El magistrado critica "la falta de compromiso" del tribunal alemán al que achaca que, con su decisión, anticiparon "un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa".
El juez español considera por todo ello que estas circunstancias "no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".
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Uno de los abogados de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, expresó su satisfacción en Twitter al afirmar que con la decisión de Llarena quedaba "un verano inmejorable" y "por fin" podría "irse de vacaciones".
"Napoleón perdió en Waterloo cuando llegaron los prusianos… y ahí lo dejo", comentó irónicamente otro de los abogados de la defensa del expresidente catalán, Gonzalo Boye, en su cuenta personal de Twitter, a lo que agregó que "el efecto dominó ha sido devastador".
En el caso de los exconsejeros que se encuentran en Bélgica, Llarena "discrepa abiertamente de la indicación de suficiencia que trasladamos al Tribunal de ejecución, despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones".
"Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga", concluye el comunicado del Supremo español.
El Tribunal de Schleswig-Holstein que juzgó el caso del político independentista aprobó su extradición por supuesta malversación de fondos, pero desestimó el cargo de rebelión.
