"Queremos una ley, no que se reglamente el trabajo sexual, porque entendemos que hoy existe una reglamentación con una mirada punitiva. […] Queremos una descriminalización de nuestro trabajo, acompañado de una legislación laboral donde podamos tener un marco legal para ejercer sin estar expuestas a la clandestinidad, y donde tengamos un reconocimiento a nuestros derechos laborales", dijo la secretaria general de Ammar a Sputnik.
Queremos tener los mismos derechos que tiene cualquier otrx trabajadorx cuyo trabajo está registrado y reconocido por el estado.
— Georgina Orellano 💋 (@GeorOrellano) 14 de julio de 2018
Si las putas llegan a tener obra social y jubilación,que te cambiaría a vos?
En que te modificaría?
En Argentina el trabajo sexual no está tipificado en el Código Penal, la única reglamentación a nivel nacional refiere a un decreto presidencial de 2011 que prohibió la publicidad de servicios sexuales en avisos clasificados; pero sí hay provincias y municipios donde su ejercicio está prohibido.
También, agregó que hay 12 provincias donde se decretó la prohibición de los "cabarets, casa de cita, clubes, boliches y lugares privados donde se puedan llevar adelante actos de prostitución".
Orellano señaló que consecuentemente no hay políticas públicas dirigidas a las prostitutas.
"Nosotras no tenemos acceso a la salud integral, a una obra social, no podemos realizar aportes, no tenemos ninguna entidad del Estado a donde podamos plantear denuncias ya sea por persecución policial, hostigamiento, abuso, violencia o estigma y discriminación, no hay nada", explicó.
La trabajadora sindicalista considera que el hecho de que el Estado no genere políticas públicas "es justamente no hablar de lo que no se quiere hablar, que es hablar de la autonomía del poder de decisión que tenemos las mujeres, y hablar de sexualidad y cómo como sociedades estamos atravesadas por tabúes y biologías más cercanas a la Iglesia Católica que al feminismo".
Prostitución NO es delito.
— Georgina Orellano 💋 (@GeorOrellano) 13 de julio de 2018
Prostitución es TRABAJO.
Descriminalizarlo es un paso para el reconocimiento.
La lucha de las "Putas feministas", como se autodenominan, también incluye la del trabajo autónomo. A pesar de que en Argentina el proxenetismo es delito desde 1938, "eso no significa que no existan lugares y espacios donde nuestras compañeras lamentablemente tengan que dejar un porcentaje de sus ganancias, porque una persona, ya sea mujer o varón, le ofrece la protección ante la ausencia total del Estado", agregó.
A su vez, la sindicalista subrayó que frente a quienes plantean que el trabajo sexual debe ser punible, Ammar se propone "desistematizar el estereotipo y la imagen que la sociedad tiene en general" de las trabajadoras sexuales, empezando por la "deslegitimación" del discurso que "históricamente" se ha escuchado: uno que "posiciona como víctimas a todas las personas que ejercemos el trabajo sexual".
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"Se habla de un montón de cosas en relación a nuestro trabajo: que no lo elegimos libremente y que por ende se debe abolir, que el Estado nos debería rescatar porque somos víctimas —explicó-, que ninguna mujer desearía, soñó, planificó, ser prostituta, que nace de la pobreza y la marginalidad, que vendemos nuestro cuerpo y por ende si el Estado reglamenta la actividad se convierte el principal proxeneta".
"Todos esos argumentos cargan con una posición moral en torno al ejercicio de nuestro trabajo, porque nosotras somos parte de una clase trabajadora que no elige libremente qué trabajo hacer, y sin embargo no se cuestiona a otros trabajadores y trabajadoras de la forma en que se cuestiona la toma de decisiones de las trabajadoras sexuales", concluyó.
