Durante la celebración del 39º aniversario de la revolución sandinista, el 19 de julio, el presidente Ortega restó credibilidad al papel mediador de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), al afirmar que "estaban comprometidos con los golpistas".
En un comunicado difundido el 20 de julio, el Cenidh reafirma su "total respaldo" frente a los ataques gubernamentales y resalta que las acciones de la Iglesia "han estado dirigidas a garantizar los derechos humanos de la personas agredidas en una clara acción de legítima defensa y acompañamiento al derechos de la protesta".
Nicaragua vive una grave crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó una ola de protestas contra el gobierno que derivó en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a principios de julio que 264 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas, mientras que la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que las muertes llegan a 351.
El gobierno de Daniel Ortega atribuye el derramamiento de sangre a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra y niega la existencia de grupos parapoliciales que instiguen la violencia.
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