"Por más que el decreto diga que mantenemos la distinción entre defensa y seguridad, en los hechos no la está manteniendo, y abre la puerta para que en el futuro se le den (a las Fuerzas Armadas) mayores funciones basadas en esas regulaciones y debiliten aún más el principio de demarcación entre defensa y seguridad", dijo la especialista.
"Es como una especie de coartada o atajo para darle esa función a las Fuerzas Armadas de custodia de objetivos estratégicos, donde puede haber algunos problemas", estimó Litvachky.
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Esto supone una contradicción con el texto de la Ley de Defensa Nacional del año 1988, aprobada con un amplio consenso político, en el que se limita el accionar de los militares a las agresiones de parte de otros estados, observó.
"La Ley de Defensa dice que el cuidado o la custodia de los objetivos estratégicos los tienen las Fuerzas Armadas en unos casos y la Gendarmería (que no depende del Ministerio de Defensa) en otros casos", comentó la experta.
Litvachky destacó además que la Ley de Seguridad Nacional del año 1992 prevé la participación de los militares en temas de seguridad cuando así lo solicite un comité de crisis que se constituirá únicamente en situaciones excepcionales.
"El decreto no habla de ningún comité de crisis; entonces están haciendo algo que la ley de seguridad toma como muy excepcional, que ante una situación de crisis un comité de crisis pide el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, como algo permanente, que es la colaboración en apoyo logístico permanente de los militares a las fuerzas de seguridad", expresó.
Cuestión política
Para la directora en Justicia y Seguridad del CELS, el "punto político" de la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene que ver "con la idea o necesidad" de modificar la normativa vigente "para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones donde la agresión externa no tenga necesariamente un carácter estatal".
Para Litvachky, aun cuando el crimen organizado pueda tener un componente transnacional, no puede ser abordado desde una óptica de defensa.
"Esto tiene derivaciones de carácter interno, porque la discusión sobre narcotráfico, aun poniéndolo como un problema transnacional, tiene límites borrosos respecto a que esas organizaciones realizan determinados hechos que tienen impacto a nivel interno, y ahí se empieza a generar de forma más borrosa el tipo de intervención que las Fuerzas Armadas podrían tener", explicó la especialista.
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De esta manera, prosiguió, es el propio Gobierno el que puede determinar, según criterios que no son transparentes, si una organización dedicada al narcotráfico es o no una amenaza a la soberanía del país que amerite la intervención de los militares, incluso en zonas urbanas donde estos grupos delictivos también operan.
"El narcotráfico pasa a ser una amenaza a la soberanía por su connotación transnacional, y andá a discutirlo", enfatizó Litvachky.
El anuncio de Macri fue duramente cuestionado por la oposición, entre otros aspectos, porque el Gobierno, al emitir un decreto, eludió el debate y aprobación del Congreso que hubiera requerido una iniciativa legal.
Este 26 de julio, varias organizaciones, entre las que se encuentra el CELS, participarán de una movilización en rechazo al decreto.
