El informe titulado "A qué precio, Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra en 2017", fue presentado en la Ciudad de México por Ben Leather, encargado de Incidencia de la organización inglesa, Global Witness.
La cifra del año pasado mantiene el aumento que la organización ha venido documentando en años previos: 200 en 2016; 185 en 2015 y 116 en 2014. Sin embargo en 2017 por primera vez la agroindustria superó a la minería como el sector más violento, ya que se registraron 46 muertes de personas en lucha contra alguna rama del mismo.
Brasil es el país que registró mayor cantidad de asesinatos, con 57 personas muertas en su territorio por defender los bienes naturales. Filipinas le sigue con 48 de los casos registrados. La situación en México ha empeorado, señala Global Witness, ya que registró cinco veces más casos de muerte que en 2016, se pasó de tres a 15 asesinatos en 2017.
"Hay que subrayar que esta es la punta del iceberg. Nuestro informe no puede demostrar la realidad porque muchos asesinatos no son documentados y porque hay toda una gama de otras agresiones, amenazas y hostigamiento que también buscan silenciarlos", explicó Leather.
Alejandra Leyva es integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y como tal participa del espacio de organizaciones civiles del mecanismo federal de protección. En entrevista con Sputnik, Leyva señaló que el mecanismo nació derivado de una exigencia de la sociedad civil por el contexto de violencia que se vive en México y porque era una de las recomendaciones de Naciones Unidas al Gobierno mexicano.
"Si bien el mecanismo es una medida importante, ya está rebasada y no es eficaz porque sólo está atendiendo a una parte reactiva de la protección. Desde las organizaciones civiles estamos promoviendo que también se establezcan medidas preventivas que puedan atender las causas del riesgo de las personas", dijo Leyva a esta agencia.
Tal vez el dato más importante del informe para México esté en la precisión de que 13 de las 15 personas asesinadas en este país como consecuencia de su defensa territorial "pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo", señaló la organización.
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Parte del problema, señala Global Witness, es la "no implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras frente a la actividad empresarial".
