Dicha norma establece que la protección de "objetivos estratégicos para la defensa Nacional será llevada a cabo por los integrantes del Sistema de la Defensa Nacional".
"Objetivo estratégico es lo que uno entienda", remarcó Emmerich, para luego cuestionar la falta de precisión o la aparente irrelevancia del decreto, cuando en realidad "el campo de acción es tan desmesurado y la frase tan ambigua y se le adjudica al Poder Ejecutivo la capacidad de decidir cuáles y cuándo son estratégicos….que interceptar las comunicaciones de las personas puede serlo también".
El Gobierno asegura que la regulación del decreto 727/2006 solo les asignaba a las Fuerzas Armadas la defensa nacional ante el ataque de un Estado extranjero y que bajo este nuevo concepto se les abre la posibilidad de combatir el narcotráfico y los ciberdelitos, por ejemplo.
Según reiteraron varios referentes del Ejecutivo, esto no significa que los militares serán usados para combatir la delincuencia interna ni tampoco para reprimir la protesta social.
Sin embargo, Organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos creen que eso es lo que terminará pasando dado el crecimiento constante del malestar ciudadano por la política económica, en especial luego del préstamo de 50 mil millones de dólares otorgado al país por el Fondo Monetario Internacional.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el decreto y dijo que "hay que dar la oportunidad a los militares de insertarse en la democracia".
Al respecto, Emmerich consideró lo siguiente:
"Ya están insertados en la democracia desde 1983 y la democracia les ha dado un lugar. Lo que en realidad tendría que decir ella es 'llegó la hora de cambiar el lugar que los militares tienen en la democracia'. La frase es bien falsa, como si no tuvieran ningún lugar y hubiera que dárselos, como si fueran una suerte de parias".
