"El presidente de la nación, a través de un simple decreto reglamentario —que modifica otro— intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática", afirma el documento, compartido por el jefe del bloque de diputados del Frente Para la Victoria — Partido Justicialista (centro-izquierda), Agustín Rossi, en su cuenta de la red social Twitter.
Acabamos de presentar desde el Bloque de diputadxs FPV-PJ el proyecto para que quede sin efecto el peligroso decreto de Macri que habilita a las FFAA a intervenir en seguridad interior. pic.twitter.com/Obwr87CaBB
— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 25 июля 2018 г.
El proyecto fue presentado por el bloque de diputados de ese partido, con el objetivo de dejar sin efecto "el peligroso" decreto firmado el martes por el presidente Macri, expresó Rossi en la mencionada red social.
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El proyecto refiere a la ley de Defensa Nacional del año 1988 y a la ley de Seguridad Interior, de 1992, así como a la reglamentación de la primera en el año 2006.
Asimismo, recuerda que el decreto del año 2006 determinó que el término "agresión de origen externo" debe ser entendido como la utilización de fuerza armada de parte de un Estado "contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política" del país, en concordancia la definición de "agresión" que establece la Organización de las Naciones Unidas.
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El decreto oficializado el 24 de julio por el actual Gobierno elimina de su texto el carácter estatal de las amenazas externas, lo que para los diputados firmantes del proyecto de ley intenta "habilitar la intervención en otro tipo de agresiones externas, como podrían ser el narcotráfico y el terrorismo".
"Se trata de un "atajo" del Gobierno, absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario, como el recientemente dictado, puede modificar el texto de una ley", establece el proyecto, en referencia a las referidas leyes de defensa nacional y de seguridad interior.
El decreto ha generado críticas desde diversos sectores políticos, así como por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Este 26 de julio, varias de esas organizaciones participarán de una movilización en rechazo a la normativa.