"Son alarmantes los números crecientes de muertes de defensores ambientales, afrodescendientes e indígenas en el contexto de la violencia en el campo en Brasil", afirmó la comisionada del organismo, Margarette Macaulay, en un comunicado.
El texto cita un informe divulgado por la Comisión Pastoral de la Tierra, que revela que en 2017 se registraron 71 asesinatos relacionados con conflictos rurales, lo que supondría un aumento de 15 por ciento respecto al año anterior.
Por otra parte, de acuerdo con el informe anual de Global Witness, Brasil encabezaría una lista internacional de 22 países en cuanto a los asesinatos de defensores medioambientales ocurridos en 2017, cuando 57 activistas fueron asesinados, la cifra más alta desde 2002, destaca la CIDH, que añade que 90 por ciento de esos homicidios se produjeron en la amazonia.
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La CIDH expone que la ausencia o excesivo retraso en la titulación de las tierras, "puede generar un ambiente propicio para los conflictos", puesto que da entrada a nuevos terratenientes en "tierras ancestrales" que tradicionalmente pertenecían a las comunidades quilombolas o indígenas.
La Comisión exhorta también al Estado brasileño a continuar investigando los actos de violencia para castigar a los autores materiales e intelectuales de tales crímenes "de una manera exhaustiva", "seria" e "imparcial", tomando en cuenta la vulnerabilidad de los grupos atacados.
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