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Colombia se prepara para plebiscitar el combate a la corrupción

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BOGOTÁ (Sputnik) — Poco más de doce millones de colombianos han sido convocados a las urnas el próximo 26 de agosto para votar la Consulta Anticorrupción.

La consulta tiene como objetivo ejercer más controles a los congresistas y a los contratos de obra pública para ponerle freno a una práctica que deja pérdidas anuales estimadas en 50 billones de pesos (más de 18.400 millones de dólares)

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"De no llevar a cabo esta iniciativa, los congresistas nunca se van a bajar el sueldo ni acabar con los cobros por debajo de la mesa, ni quitar los contratos a dedo, prácticas con las cuales muchos se benefician, de manera que tenemos que obligarlos a que las normas contra la corrupción se apliquen y se endurezcan las sanciones", dijo a Sputnik la exsenadora por el Partido Verde (centroizquierda), Claudia López, principal impulsora de la consulta.

Según López, desde hace medio siglo el poder central se elige a través de la compra de "gamonales regionales" a cambio de impunidad mutua, lo que moviliza billones de pesos con los cuales se podrían financiar las inversiones públicas más urgentes para Colombia.

"Aquí lo que hay es gente con un negocio enorme llamado corrupción, que es más rentable que la coca, porque el narcotráfico representa tres puntos del PIB [Producto Interno Bruto] de Colombia y la corrupción alcanza seis puntos de ese PIB", explicó.

Asimismo, López subrayó que "si no es votando en las urnas, no hay ninguna posibilidad de que el Congreso apruebe" normas contra la corrupción, por lo que confía en que una amplia cantidad de colombianos aprueben la iniciativa en las urnas.

Participación

Para que la Consulta Anticorrupción sea aprobada se requiere una participación de al menos la tercera parte del censo electoral, es decir, 12.075.756 personas, quienes deberán responder por "Sí" o por "No" en siete preguntas.

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Para que cada pregunta pueda ser aprobada por el Congreso se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos del total de la votación, esto es, 6.037.879 votos.

Si esos resultados se logran, el Congreso dispondrá de un año para expedir leyes contra la corrupción; pero si pasado ese tiempo no lo hace, el presidente de la República deberá emitir un decreto con fuerza de ley para que lo votado por los ciudadanos se pueda implementar en un plazo de dos meses.

El "sí" a las preguntas

Desde hace un año y medio, más de 35.000 promotores de la Consulta trabajan de manera gratuita para que los colombianos voten a favor de los planteado en las siete preguntas que se formulan, para lo cual han puesto en marcha la campaña "#7VecesSí", que busca incentivar el voto.

"Si los ciudadanos participan y más de doce millones de colombianos van a las urnas, los mandatos serán obligatorios; sino participan, pues seguiremos dependiendo de la 'buena voluntad' de los congresistas, que hasta ahora nunca han aprobado nada como esto", precisó López.

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Las preguntas de la Consulta son: ¿Está de acuerdo con reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado? ¿Está de acuerdo con que se aplique cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado? ¿Está de acuerdo con la contratación transparente obligatoria en todo el país? ¿Está de acuerdo que se convoque a audiencias públicas para que la ciudadanía pueda determinar el destino de los presupuestos públicos? ¿Está de acuerdo con que los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión? ¿Está de acuerdo con hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio?

Y, finalmente, ¿está de acuerdo con establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular, como por ejemplo el Congreso?

El "no" a las preguntas

Lograr que la convocatoria haya sido posible significó un gran esfuerzo político, ya que una decena de senadores fracasó en su intento particular para que el Congreso se regule a sí mismo.

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"Ese hecho nos llevó a que tuviéramos que recoger cuatro millones de firmas, validarlas, cumplir con los requisitos en la Registraduría, lograr el aval del Senado [con un total de 84 votos a favor y ninguno en contra] y lograr la convocatoria a las urnas; ahora depende de los 36 millones de colombianos aptos para votar que la respalden", indicó la dirigente del Partido Verde.

Sin embargo, las voces críticas anteponen el hecho de que los salarios públicos deben ser decididos a nivel gubernamental y una consulta popular no tiene alcance para modificarlos, al tiempo que sostienen que los canales de participación ciudadana no deben ser usados por partidos políticos (en este caso los de centro-izquierda) para mejorar su popularidad.

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"Ahora han salido a decir que la Consulta Anticorrupción es mi trampolín para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, lo cual es una verdadera estupidez, como quien dice que la gente de [los departamentos de] La Guajira, Nariño o Amazonas va a votar para que yo pueda ser alcaldesa de la capital; eso es una total mentira", dijo López, quien fue la fórmula a la Vicepresidencia de Colombia del candidato presidencial Sergio Fajardo en las pasadas elecciones.

Expectativa vs. realidad

Aunque los promotores de la consulta buscan que las siete preguntas sean avaladas con el "Sí", se prevé que algunas serán más votadas que otras, no sólo por lo intrincadas que puedan parecer, sino también por las dificultades que implicaría llevarlas a la práctica.

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La primera pregunta es, sin duda, la que más incentiva la participación, ya que se corresponde con el salario de los congresistas, unos de los más elevados en el país y que según los promotores de la consulta son foco de corrupción de quienes buscan hacerse con cargos públicos.

En Colombia cada congresista recibe mensualmente el equivalente a 40 salarios mínimos, esto es, 31.331.821 de pesos (unos 10.917 dólares), mientras que un trabajador que sólo gana un salario mínimo se hace con 781.242 pesos (unos 272 dólares) cada mes.

Por tanto, la iniciativa busca reducir el sueldo de los congresistas al equivalente a 25 salarios mínimos como tope, es decir, a unos 19.525.000 pesos (unos 6.800 dólares).

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Sin embargo, y aunque la propuesta de reducir los salarios de los congresistas es loable, hay quienes señalan que resulta inocua, ya que la Consulta le costará al Estado 310.000 millones de pesos (unos 108 millones de dólares), mucho más de lo que los congresistas devengan en un año.

"El costo de la consulta son seis centavos frente a los 50 billones de pesos que nos cuesta la corrupción, y quienes se oponen a ella son de aquellos que ni rajan ni prestan el hacha; nos ahorraríamos hacer consultas si el Congreso aprobara estas normas", defendió López.

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Por otra parte, algunas preguntas, como las que sugieren la participación ciudadana para determinar el destino de los recursos públicos, plantean un gran desafío en la práctica por la dificultad que reviste lograr el consenso de un mayor número de actores que deberán decidir sobre el erario.

"Cada año nos ponen una reforma tributaria para tapar el hueco de la corrupción; ahora, con estos argumentos flojos, buscan hacerle zancadilla a la elección ciudadana; lo verdaderamente importante aquí es que la Consulta nos permitirá recuperar el dinero que nos están robando los políticos y contratistas corruptos", señaló López a esta agencia.

Apoyo de la izquierda

Algunos de los políticos más representativos de la izquierda colombiana respaldan la Consulta Anticorrupción, entre ellos el excandidato presidencial Gustavo Petro y quien fuera su candidata a la vicepresidencia, Ángela María Robledo, así como la exalcaldesa de Bogotá, Clara López, y el senador Iván Cepeda.

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Aunque aseguran que ninguno de los siete puntos de la consulta requiere una reforma constitucional, sobre la primera pregunta (salarios de los congresistas), los opositores plantean que para llevar a cabo este mandato se necesita una reforma a la Constitución, es decir, ocho debates en el Congreso, y advierten que con la medida se verían afectados en su remuneración funcionarios como los altos mandos de las Fuerzas Militares.

Sea como fuere, la meta de los promotores de la Consulta es romper la indiferencia de los ciudadanos, y aunque se requieren poco más de doce millones de votos, confían en que el 26 de agosto unas 15 millones de personas —tanto en Colombia como en el extranjero— sufragarán por el "Sí" a las siete preguntas de la iniciativa.

"Los bandidos confían en que como el umbral es alto, no lo lograremos y que la gente no va a salir a votar; yo confío en que sí lo harán", concluyó López.

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