El proyecto, que surgió en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005, despenaliza la práctica hasta la semana 14 de gestación.
Entre otras cosas, la norma exige que el Estado asegure políticas de educación sexual, al tiempo de garantizar la objeción de conciencia del médico si lo ha expresado previamente "de manera individual y por escrito".
"Las jóvenes demandan educación sexual, que se implemente la ley que rige desde 2006 pero que no ha logrado aplicarse sobre todo en las provincias por la resistencia de los sectores conservadores", apunta Juliá.
Para la activista, cuya organización está radicada en la provincia de Córdoba, más allá de lo que termine pasando este 8 de agosto, hay varias señales que dan la pauta de que la sociedad más allá de los prejuicios tiene otra mirada sobre este tema.
"Incluso entre los católicos la mayoría acepta que se despenalice", acota.
"El movimiento que han generado las jóvenes es una cosa que no puede dar marcha atrás. Salga lo que salga, es pura ganancia para la sociedad el que los jóvenes tengan hoy mucha claridad sobre el debate y los derechos implicados en la despenalización del aborto".
En este sentido contó la experiencia de su colectivo que trabaja sobre todo en la zona norte de Argentina, donde poseen una red de "Jóvenes Católicas por el derecho a decidir" que "tienen mucha claridad de los cambios que están sucediendo y lo que significa para su futuro esta libertad que se consigue cuando se despenalice la decisión de las mujeres".
Para Juliá, la irrupción de la juventud es también "un aire fresco en lugares en los que históricamente se ha visibilizado un pensamiento único. Hoy las feministas tienen acceso a los medios, las jóvenes, las que tenemos muchos años, todas estamos siendo consultadas porque es nuestro momento, no de los actores conservadores que quieren dejar todo como esta, que no les importa la muerte de mujeres".
