"México padece una situación de absoluta impunidad, que ha sido calificada como una guerra abierta, y creo que es el punto de partida (de la nueva administración): es una guerra de las fuerzas gubernamentales contra la delincuencia organizada, de las organizaciones criminales entre sí por el control de territorios, y dentro de sus propias filas", describió Acosta.
Esa guerra se presenta con múltiples facetas, "pero los motivos no son políticos ni ideológicos, sino económicos, porque tienen que ver con los mecanismos mediante los cuales estas organizaciones se allegan respaldos institucionales (gubernamentales), para perpetrar los delitos, eso está muy documentado", enfatizó Acosta.
En la política pública que ha propuesto López Obrador en foros por la paz y la reconciliación que comenzaron esta semana, "las iniciativas anticorrupción y el SNA juegan un papel central, porque si no se corta el flujo de dinero sucio que sostiene todas esas actividades criminales y persiste la protección a la delincuencia organizada por parte de agentes del Estado, no vamos a avanzar nunca hacia la pacificación", dijo.
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Acosta fue embajadora en derechos humanos del Gobierno de México, investigadora del Centro Internacional para la Justicia Transicional hasta julio de 2009, asesora especial del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para asuntos de la sociedad civil, y directora del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas.
Para su cargo actual fue nombrada por un mecanismo de consulta a la sociedad civil, ratificado por el Senado.
Urgencia de apoyo internacional
En cuanto a la participación internacional en esa estrategia que busca el nuevo mandatario, Acosta indicó que ya existen instrumentos y memorandos de entendimiento firmados por México, como la cumbre anticorrupción celebrada en Londres en 2016, y otros compromisos de cooperación para castigar a los corruptos.
"Tenemos que llenar de contenido esa cooperación internacional, que podría permitir la capacitación de los mecanismos de investigación de crímenes complejos, porque no hay suficiente capacidad en el país para cumplir los compromisos asumidos", advirtió.
No se trata de cooperación técnica en sentido tradicional, "sino de participar en las investigaciones y en el traslado de experiencias que ha sido valiosas en decenas de países", precisó Acosta.
Sin embargo, la premisa esencial es que cada país debe diseñar su propio mecanismo, porque no se pueden importar mecanismos internacionales como la Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala (CICIG), creada con apoyo de las Naciones Unidas, observó.
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"Lo que importa es que exista la voluntad política para diseñar esos mecanismos apegados a la realidad nacional y no a intereses particulares concretos", advirtió.
"En México debemos diseñar nuestro propio modelo ", enfatizó.
En una entrevista con Sputnik, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que la meta es reducir entre 30 y 50% la violencia en los primeros tres años de Gobierno de López Obrador y dejar un país en paz en 2024, cuando concluya su sexenio.
"El hecho de que la corrupción y la impunidad se hayan puesto en el centro del discurso político en la campaña y el equipo de transición de López Obrador es un gran impulso al Sistema Nacional Anticorrupción", estimó Acosta.
"Los detalles los iremos viendo a medida que avance su Gobierno, pero desde el Comité de Participación Ciudadana existe la mejor disposición de colaborar en lo necesario", dijo.
El enfoque de justicia transicional "es una nueva perspectiva sobre la seguridad para resolver la grave crisis de violencia y de inseguridad que vivimos en México”, estimó.
Esa crisis requiere medidas excepcionales para enfrentar "las enormes violaciones a los derechos humanos en los que se cometen crímenes de lesa humanidad", los que involucran a agentes del Estado y no prescriben.
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Los primeros pasos para el diseño de una estrategia que ponga en el centro a las víctimas busca salidas a la problemática tan compleja de la guerra al narcotráfico.
"Aún no vemos una estrategia completamente diseñada, pero esperamos que se vaya desarrollando y esté lista para el 1 de diciembre", cuando comience el mandato de seis años, dijo.
"En la urgente necesidad de abordar el tema de la justicia y el derecho de las víctimas a la verdad el imperativo es garantizar que no se repitan esos delitos", alertó.
En su opinión, "es urgente hacer modificaciones a las instituciones colapsadas, rediseñar la procuración de justicia y derogar la Ley de Seguridad Interior", que el Congreso saliente aprobó para autorizar los despliegues militares en tareas de seguridad pública.
Se requiere, además, "transitar hacia una fiscalía autónoma, despolitizada, que sirva verdaderamente a los propósitos de acceso a la justicia", apuntó Acosta.
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Esa agenda de justicia también debería contemplar "despenalizar las drogas, pero va a requerir de una gran fortaleza porque vamos a estar sometidos a mucha presión en contra, por eso imperativo un gran acurdo político con apoyo de la población", recomendó.
"Coincido con los grandes ejes de la idea a favor de los enormes contingentes de personas obligadas y coaccionadas por el crimen organizado; pero no está claro cómo operaría, ni los riesgos que se correrían, ni los instrumentos que se van a utilizar en el momento de amnistiar", observó.
Finalmente sostuvo que "un proceso de justicia transicional debe otorgar una verdadera garantía de no repetición, de reparación del daño a las víctimas, y no puede ser individual sino colectiva, espero que se pueda diseñar esa estrategia", terminó.
Acosta es posgraduada por la británica Universidad de Essex, con amplia trayectoria como profesora de derechos humanos en varias universidades de México y de EEUU.
