"Nosotros tenemos el deber ineludible de utilizar esta herramienta, la cual estamos obligados como diputados, porque se ha vulnerado el derecho internacional", señaló la diputada comunista, Carmen Hertz, en conferencia de prensa televisada.
La acusación apunta contra tres jueces de la Corte Suprema que el 31 de julio le otorgaron el beneficio de libertad condicional a siete exagentes que se encontraban cumpliendo condena en la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
La acusación constitucional liderada por la diputada Hertz, solicita la destitución de los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama por "notable abandono de deberes" y por "contrariar acuerdos internacionales firmados por Chile".
La Sala de la Cámara de Diputados deberá votar la acusación, y de aprobarse, se elegirán cinco diputados al alzar para revisar el caso, que no pueden ser parte del grupo de firmantes.
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Este 25 de agosto serán notificados los tres jueces, y tendrán diez días para preparar su defensa.
"No corresponde a la Cámara de Diputados presentar acusaciones constitucionales por el contenido de un fallo judicial, esa no es una conducta que respete el marco democrático", señaló Chadwick.
La acusación constitucional está contemplada en la Constitución de Chile como una herramienta de la Cámara de Diputados para cuestionar y eventualmente, destituir a una autoridad del Estado que hubiese incurrido en alguna infracción constitucional.
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Pueden ser objeto de una acusación, los intendentes, gobernadores, generales de las Fuerzas Armadas, jueces, el contralor de la República, los ministros de Estado e incluso, el presidente de la República.