"Las instituciones aquí presentes solicitamos que encargue a la cancillería la pronta solución de todas aquellas leyes y normas que están represando a los emigrantes venezolanos en las fronteras Colombia-Ecuador y Ecuador-Perú, agravando de esta manera la aglomeración y hacinación de niños, niñas, adolescentes y adultos en pasos fronterizos", dijo en una rueda de prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Eugenio Arellano.
"De esta manera podremos evitar que muchos venezolanos pasen sin documento alguno pues esta situación puede ser sujeto de todo abuso y fácilmente se le pueden negar sus derechos", agregó el sacerdote.
De paso manifestó que desde la entidad que preside rechazan "frontalmente todo lo que está sucediendo" en Venezuela y agregó que si tuvieran "la posibilidad de cambio, lo haríamos, incluso a veces nos sentimos en culpa por el silencio que durante tanto tiempo ha acompañado a nuestro Ecuador, un silencio que casi nos hace cómplices".
También llamó a reflexionar a los jóvenes y ciudadanos ecuatorianos y les pidió "que no permitan que nadie les contamine con posiciones, ideas o gestos xenofóbicos".
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De acuerdo con datos de la cancillería, 80% de venezolanos que ingresa al país lo hace portando su pasaporte, por lo que la medida afectaría únicamente a 20% de viajeros, que en la mayoría de casos se arriesga a avanzar sin este documento con el objetivo de llegar a Perú o Chile.
La ley ecuatoriana no permite la deportación ni considera a los extranjeros como irregulares, sea cual sea su condición migratoria, sin embargo, Ecuador insta a los venezolanos a regular su situación dentro del plazo de 180 días establecido en la Ley de Movilidad Humana.
Entre enero y agosto han ingresado a territorio ecuatoriano 600.000 venezolanos, de los cuales 30%, alrededor de 180 mil, permanecen en el país.
A inicios de agosto se registró el ingreso de 4.200 ciudadanos por día a través de los cuatro puntos fronterizos, aunque ese número ha ido reduciéndose en los últimos días.