"Estábamos acostumbrados a que nos reprimieran, a que no nos dejaran protestar, a que nos golpearan; pero no estábamos acostumbrados a que nos mataran", dijo la activista a esta agencia.
"El objetivo es que los diferentes países de Sudamérica se pronuncien condenando los actos de violencia, la grave represión, la grave violación de derechos humanos, porque sabemos que la presión internacional es la que nos va a ayudar también a salir un poco de la grave situación que estamos viviendo en el país", expresó la integrante de Monafmi.
Redes de información
La caravana ya pasó por Chile y por Argentina, y luego de Uruguay continuará hacia Brasil, para finalizar en Perú a mediados de setiembre.
"En Chile pudimos obtener el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, unánimemente, condenando los actos de violencia, la represión, los asesinatos", contó Hernández, quien añadió que tanto en ese país como en Argentina se reunieron "con muchos organismos de derechos humanos y con muchos jóvenes universitarios, porque la represión inició en la universidad".
Desde la caravana están proponiendo además crear una "red de información", porque según la integrante de Monafmi, el Gobierno nicaragüense "controla 80% de los medios de comunicación".
Además de Hernández participan Ariana McGuire, coordinadora universitaria por la Democracia y la Justicia, uno de los cinco movimientos estudiantiles que integran la Coalición Universitaria que representa a los estudiantes en el Diálogo Nacional, y Yader Parajón, estudiante y hermano de Jimmy Parajón, joven asesinado el 11 de mayo en el marco de las protestas contra el Gobierno.
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"La solidaridad ha sido bastante grande, nos han recibido muy bien", dijo la activista.
Persecución
Hernández, McGuire y Parajón fueron amenazados a través de las redes sociales al llegar a Chile y ahora evalúan la posibilidad de no regresar a su país, decisión extrema en el caso de la activista, que tiene tres hijos en su país.
La activista sostuvo que en caso de no poder regresar a su país deberá buscar la forma de que sus hijos puedan salir de forma segura, "porque ya te vinculan; si van a salir legalmente van a saber que son mis hijos".
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La integrante de Monafmi puso como ejemplo el caso de tres jóvenes que fueron a Europa a denunciar la situación de su país y que ahora no pueden regresar, dado que podrían aplicarles la nueva ley antiterrorista, aprobada en julio pasado, que establece penas de entre 20 y 40 años de prisión.
El texto de la normativa fue calificado de "vago" por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que alertó sobre la posibilidad de que podría usarse para criminalizar protestas pacíficas y legítimas.
"Cuando decidimos hacer esta caravana no lo hicimos público en Nicaragua, porque si lo hubiésemos hecho público, en el aeropuerto no nos hubieran dejado pasar", graficó Hernández.
La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos asegura que 448 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que son 322.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega afirma que el balance es de 195 fallecidos, y que las demás estimaciones son resultado de "manipulaciones".
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El Gobierno nicaragüense atribuye el derramamiento de sangre en su país a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando" en su contra, mientras los opositores de Ortega afirman que se debe a la represión de las fuerzas oficialistas.
