"Juan Miguel N, alías El Pajarraco, fue detenido en el estado de Coahuila", por agentes federales de la División de Investigación, en el norte de México, a cientos de kilómetros de la ciudad donde ocurrieron los hechos, Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital mexicana, indica el parte oficial.
El acusado "habría participado en el traslado de los estudiantes en una camioneta de redilas en dirección al basurero de Cocula", municipio colindante con Iguala.
En ese lugar, según la investigación de la fiscalía federal, fueron asesinados y quemados los cuerpos de los jóvenes, estudiantes de la escuela rural, la mayoría de origen indígena.
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La noche del 26 de septiembre de 2014, cinco autobuses transportaban a un centenar de alumnos que viajaban a la Ciudad de México, a conmemorar un aniversario de la masacre de universitarios en la Plaza de Tlatelolco de 1968, cuando fueron atacados a balazos en Iguala por patrullas policiales de varios municipios, confabulados con la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Las investigaciones permitieron identificar llamadas frecuentes de un teléfono móvil vinculado con el detenido.
"Ese número teléfono está relacionado con el presunto integrante de la célula delictiva (Guerreros Unidos) con presencia en el municipio de Cocula, Guerrero, así como ubicar un domicilio en Piedras Negras, Coahuila, donde habitaba desde el 2016", indica el reporte policial.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Zeid Ra"ad Al Hussein, reveló en mayo de este año que expertos de la organización analizaron los casos de 63 personas, de un total de 129 imputadas en relación con la causa de Ayotzinapa, que fueron detenidas por agentes de la fiscalía, policías federales y militares y sometidas a torturas.
La investigación del organismo de la Organización de las Naciones Unidas establece "un patrón de detenciones arbitrarias y torturas en los casos de 34 personas detenidas (solo una mujer)", presuntos sicarios y policías, dijo a Sputnik en aquella ocasión Mario Patrón, director del jesuita Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", abogado de las familias de los 43 desaparecidos.
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En alguno de esos casos se establece que "como consecuencia de la tortura se convirtió en una ejecución arbitraria", añadió Patrón.
El procurador dijo que los estudiantes desaparecidos fueron "entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan".
Pero un informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la pericia forense no apoyaba la afirmación de que todos los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en ese lugar.
El 21 de este mes, el presidente Enrique Peña Nieto reafirmó la llamada "verdad histórica" de que los 43 estudiantes fueron secuestrados por policías, que los entregaron a narcotraficantes que los asesinaron e incineraron sus cuerpos en el basurero municipal a cielo abierto en una quebrada de Cocula.
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Tras las confesiones de los presuntos criminales, se recuperaron restos calcinados del río y se analizaron en el laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria.
Pero los estudios genéticos solo lograron identificar a uno de los 43 alumnos desaparecidos.
