"El expresidente del Ecuador va a comparecer a la administración de justicia a través del abogado representante ante la Corte Nacional que es el doctor Caupolicán Ochoa", indicó otro de sus defensores, Alejandro Vanegas, en una rueda de prensa.
Asimismo, el exmandatario "considera que el actual fiscal general (Paúl Pérez) es un fiscal que no tiene un nombramiento válido, que ha sido puesto en una calidad que no está prevista en la norma" y que no le proporciona las garantías necesarias para saber que la causa se llevará de manera independiente.
Esto con referencia a que Pérez fue nombrado meses atrás por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, sin un concurso de méritos, luego de la destitución de Carlos Baca Mancheno, que estuvo a cargo del mismo organismo.
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Además, Correa asegura que las pruebas que existen en su contra están cargadas de "subjetividad", lo que le impediría tener un proceso imparcial.
A decir de Vanegas, "existe un claro ánimo de perjudicar la imagen del expresidente al sugerir a través de un criterio subjetivo", es decir, de un informe pericial, "que pudo existir un conocimiento del expresidente del hecho".
El expresidente es uno de los seis acusados de haber programado y ejecutado el rapto de Balda en Colombia en agosto de 2012; específicamente, el expresidente es señalado por haber autorizado el ilícito, según varias versiones de exfuncionarios.
El secuestro del político ocurrió en Bogotá cuando cinco personas lo interceptaron y embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.
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El exlegislador se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
