"La militarización nunca permitirá la paz y la reconciliación, las señales son confusas", de parte de López Obrador, al afirmar que los militares seguirán cumpliendo tareas de seguridad pública, indica el texto de prensa publicado en la web del colectivo.
En el comunicado el colectivo añade que "por un lado, a lo largo del país se llevan a cabo Foros para la Paz y la Reconciliación, y por otro, fragmentos del discurso que hemos escuchado, en casi 12 años de guerra, se repiten en contraposición del esfuerzo, las expectativas y el momento histórico que vive México".
La citada declaración de López Obrador sobre la necesidad de que las fuerzas armadas permanezcan en las calles, llevando a cabo tareas de seguridad pública, "al no acompañarse de un compromiso inequívoco de construir un proceso de desmilitarización responsable en el mediano plazo, es preocupante", indican las organizaciones.
Las organizaciones civiles mencionan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El propio colectivo ha recomendado "el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por parte de las policías civiles".
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Asimismo, el futuro presidente "abona a la incertidumbre sobre la voluntad del próximo Gobierno para detener la militarización que a lo largo del país ha venido acompañada de un incremento a la violencia y las graves violaciones de derechos humanos".
Las organizaciones reiteran, finalmente, su disposición para aportar en el debate público y reafirman la exigencia de abrogar la Ley de Seguridad Interior, elaborar un plan responsable de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y adoptar las medidas necesarias para fortalecer a las policías.
En una conferencia de prensa, después de reunirse con el titular de la Secretaría de Marina Armada, Vidal Soberón, López Obrador dijo que para combatir la inseguridad y la violencia "no podemos dejar de utilizar al ejército ni a la marina", enfatizó.
Los despliegues militares en tareas de seguridad pública comenzaron hace una década, cuando el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) decretó la "guerra" contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.
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El año pasado costó más de 31.000 vidas, el más violento en un siglo, y en una década esa guerra dejó más de 35.000 personas desaparecidas.
