"El comisionado Iván Velásquez ha viajado a la ciudad de Washington en EEUU donde mantendrá una agenda de trabajo que tenía prevista desde hace ya varias semanas", informó en conferencia de prensa el portavoz de la CICIG, Matías Ponce.
El presidente Morales declaró el año pasado persona no grata a Velásquez, un prestigioso jurista colombiano, en el marco de una serie de ataques a la CICIG.
El presidente anunció el 31 de agosto en un discurso televisado que decidió no renovar el mandato de la CICIG, creada por acuerdo de este país y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 2006.
"Hemos notificado al secretario general de la ONU la no renovación del mandato de CICIG y que de inmediato se hiciese la transmisión de capacidades a las entidades correspondientes", dijo Morales en su mensaje flanqueado por el vicepresidente Jafeth Cabrera y rodeado de oficiales militares y policiales.
De manera simultánea, medios guatemaltecos y redes sociales mostraron fotografías con un inusual despliegue de vehículos militares en torno a la sede de la CICIG en la Ciudad de Guatemala.
La fiscal general, María Consuelo Porras, llamó al Gobierno y a la ONU a "que hagan sus mejores esfuerzos" para lograr acuerdos que "beneficien a la población guatemalteca" repasando los logros de la comisión dependiente de ONU.
El portavoz de la CICIG manifestó este lunes el agradecimiento por las "muestras de apoyo y solidaridad" desde la sociedad civil y la comunidad internacional.
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La CICIG es un "órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos", según su tratado constitutivo.
Este mes, la CICIG y la fiscalía general pidieron el desafuero del presidente guatemalteco para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio de Morales, el tercero que enfrenta, fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó al Congreso, que tiene la última palabra sobre la inmunidad presidencial.
El 29 de agosto se instaló la Comisión Pesquisadora del Congreso, que debe examinar las pruebas contra Morales, indagar a las partes y luego emitir un informe al pleno.
En agosto del año pasado, otra investigación de la CICIG y la fiscalía general contra Morales se hundió en el Congreso, donde el presidente obtuvo los votos suficientes para mantener su inmunidad.
