Las organizaciones y expertos firmantes piden "no criminalizar la migración absteniéndose de medidas tales como cierre de fronteras, penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte, la detención migratoria, las deportaciones arbitrarias, discursos de odio y la criminalización de aquellos que brindan ayuda y asistencia humanitaria", indica el punto 12 de la declaración que contiene 17 medidas.
"Respetar el principio y derecho a la no devolución [non-refoulement] a territorio venezolano, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera y expulsiones colectivas", dice.
Para junio pasado se estimaba que 2,3 millones de venezolanos habían salido de su país para dirigirse principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), por su parte, registró hasta el 1 de agosto 299.016 solicitantes de asilo y otras 585.996 personas procedentes de Venezuela que optaron por otras alternativas de regularización.
Además, en una zona fronteriza de Brasil con Venezuela se produjo un incidente xenófobo violento contra los venezolanos que estaban instalados en un campamento de refugiados.
El documento está firmado por la CIDH y por el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Comité sobre los Derechos del Niño, la Oficina Regional para América del Sur del ACNUR y el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, todos de la ONU.
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Los órganos y expertos especializados piden a los Estados que garanticen "el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público".
Asimismo, entienden que para prevenir la discriminación y la xenofobia contra los migrantes venezolanos, los Estados deben implementar medidas como campañas educativas y de sensibilización.
Los firmantes "reconocen como un avance para el desarrollo de una respuesta regional la reciente la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región, adoptada en Quito el 4 de septiembre de 2018", dicen respecto a un documento emitido el martes por autoridades de 11 países.
El brote de xenofobia, posterior al supuesto robo sufrido por un comerciante brasileño, provocó una reunión de emergencia del Gobierno brasileño y la queja de la cancillería de Venezuela, que pidió protección para sus ciudadanos.
