El coordinador de la Udapt, William Luciante, "se mostró preocupado por las evidencias de actuales negociaciones existentes entre el Gobierno de Ecuador y el de Norteamérica, en donde se ha puesto como punto principal de negociación este caso privado", dice el texto publicado en su sitio web.
La Corte Permanente de Arbitraje dio 90 días a las partes para que entreguen sus réplicas y solo más tarde tomará la decisión final sobre los montos que debería pagar Ecuador.
Entre 1964 y 1990 operó en la zona de Sucumbíos la petrolera Texaco (adquirida por Chevron en 2001), que en 1995 firmó un convenio con las autoridades ecuatorianas para limpiar los daños ocasionados.
En 1998, el Gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) firmó un acta final avalando que Texaco había cumplido las tareas de limpieza y remediación y quedaba liberada de toda responsabilidad.
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La empresa fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares en indemnizaciones a miles de campesinos e indígenas por haber arrojado más de 70.000 millones de litros de líquidos tóxicos, y haber dejado en la zona más de 900 piscinas repletas de lodo venenoso, además de quemar millones de metros cúbicos de gases tóxicos.
Chevron nunca pagó las indemnizaciones, y acusó a los abogados de los demandantes y al juez de Lago Agrio de colusión para emitir una condena fraudulenta en su contra.
La corporación petrolera llevó su denuncia a la Corte Permanente de Arbitraje, alegando que Ecuador violó el Tratado Recíproco de Promoción de Inversiones firmado con EEUU.
Según los demandantes, este antecedente debe alertar a los ciudadanos en momentos que se habla de "la necesidad de revivir los tratados bilaterales para la supuesta protección de inversiones", amplía el comunicado que advierte que la ley protege a las trasnacionales "que cometen graves violaciones a los derechos humanos".
Los miembros de la Udapt piden al procurador general del Estado, Iñigo Salvador, y al Presidente de la República, Lenín Moreno, "a defender la soberanía nacional" y "garantizar la plena vigencia de la Constitución y la prevalencia de los derechos humanos de los ecuatorianos por encima de mal logradas obligaciones en materia comercial internacional".
El llamado "juicio ambiental del siglo" empezó el 3 de noviembre de 1993, cuando se presentó una demanda contra Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por haber usado "tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1990".
El proceso fue impulsado directamente por las comunidades indígenas, sin participación del Estado ecuatoriano, pero los tribunales estadounidenses alegaron incompetencia y el caso volvió a presentarse en 2003 en Lago Agrio.