"Hoy el pueblo entero de Costa Rica le está diciendo a la Comisión, a los legisladores, a (presidente de la República) Carlos Alvarado y a (ministro de Presidencia, Rodolfo) Piza Rocafort, "fuera plan fiscal", dijo uno de los asistentes a la marcha en declaraciones recogidas por el diario local El Mundo en su página web.
La "Gran Marcha Nacional", como se dio en llamar a la movilización, se realizará en simultáneo en varias ciudades del país, y espera reunir a decenas de miles de personas, incluyendo sindicatos del sector privado y gremios estudiantiles.
También el sector agropecuario se unió a la convocatoria, según el diario La Prensa Libre.
El martes, varios sindicatos desmintieron las afirmaciones del Poder Ejecutivo que señalaban que la adhesión a la huelga había sido escasa.
"El Gobierno miente, y vienen haciendo campaña al estilo nazi, mintiéndole al pueblo cuando estamos en las calles diciendo "no al combo fiscal", dijo la secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social Martha Rodríguez, al diario Extra.
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El 11 de septiembre se registraron incidentes y saqueos en la provincia de Limón (este), así como sabotajes al sistema eléctrico de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo, informó Radio Monumental.
Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que tuvo que participar la Fuerza Pública de Costa Rica (policía), para garantizar el abastecimiento de petróleo.
Según informó el presidente Alvarado en su cuenta de la red social Twitter, un total de 17 personas fueron detenidas tras los disturbios.
"El Gobierno de la República es respetuoso del derecho constitucional a la manifestación, sin embargo soy claro al señalar que bajo ninguna circunstancia permitiremos actos de violencia que pongan en riesgo la vida y seguridad de las y los costarricenses", escribió el mandatario.
El 10 de septimbre, el Gobierno presentó ante la justicia la solicitud de ilegalidad de la huelga.
Si este pedido es aprobado, el presidente podría despedir a los trabajadores que se nieguen a regresar a sus puestos de trabajo, sin que esto suponga responsabilidad alguna de los empleadores, informó el diario La República.
