Había 12.800 menores en los centros de acogida federales este mes, en comparación con 2.400 de esos niños en mayo de 2017, según los datos que el periódico ha obtenido de varios congresistas.
Las estadísticas recopiladas por el Departamento de Salud y Servicios Sociales sugieren que el drástico aumento no se debe a la afluencia de menores que ingresan en EEUU, sino a la reducción del número de aquellos que son liberados para vivir con sus familias y otros tutores.
Para la portavoz del ente, Evelyn Stauffer, el número de menores no acompañados recluidos en centros de internamiento "es síntoma de un problema más amplio, de un sistema de inmigración quebrado".
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Un nuevo protocolo que entró en vigor en junio pasado obliga a potenciales tutores a presentar huellas dactilares.
Los datos son compartidos con el servicio de inmigración, lo que disuade a posibles patrocinadores, muchos de los cuales son indocumentados, de dar la cara por miedo a una deportación.
Incluso aquellos que se han mostrado dispuestos a asumir el riesgo han tenido que esperar meses para tomarse las huellas dactilares y ser revisados.
