"[Vamos a recusar] porque como víctimas no tenemos que bancarnos [soportar] ese proceso judicial que el Estado quiere imponernos a toda costa por medio del Ministerio Público y del Tribunal de Sentencia", dijo a Sputnik una fuente del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
"No vamos a participar de un proceso judicial para legitimar algo que no brinda las garantías", subrayó.
Cáceres, fundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa el 2 de marzo de 2016 cerca de la medianoche, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
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"Estamos convocados al inicio del juicio pero vamos a interponer una contra el tribunal porque el jueves y viernes terminaron de darnos cierta cantidad de información y nos dimos cuenta de que todavía no nos han entregado toda la información, de que el Ministerio Público sigue reteniendo datos", señaló el Copinh a esta agencia.
Hasta agosto, el Ministerio Público incumplió cuatro órdenes judiciales por no entregar la información solicitada en 38 pedidos por las víctimas, contó la pasada semana Heidy Alachan, una de las abogadas de la familia a esta agencia.
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"El Tribunal ha seguido haciendo la vista gorda con todas estas irregularidades y nos parece muy preocupante, hemos hecho muchas solicitudes que no han sido atendidas y nos parece que las actitudes del Tribunal son parcializadas (…) Parece que el Tribunal ya tiene una decisión tomada dentro del proceso judicial y que solamente estuviéramos asistiendo a un show a partir de todas las irregularidades que hemos vivido", denunció el Copinh.
"Va a ser una postura política fuerte para el inicio, y eso puede significar que el juicio no comience mañana mismo o que se retrase unos días o que tenga ciertos inconvenientes para el inicio, pero nos parece importante de cara a que se asiente la denuncia de que no tenemos las condiciones necesarias para un proceso que realmente nos brinde justicia y garantías de verdad", señaló la fuente.
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Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias vinculadas con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.
El Copinh considera que "este tribunal con sus actuaciones beneficia una visión muy estrecha del proceso judicial dejando por fuera todos los elementos que pueden ayudarnos a ver la participación de gente en otros niveles más altos en el asesinato de Berta".
Las razones por las que realizarán la impugnación están relacionadas con las decisiones que ha tomado el Tribunal y su actuación en el desarrollo de las audiencias, a su vez que "ignora todas las irregularidades del Ministerio Público en relación a la información".
Víctimas
El 31 de agosto se realizó la Audiencia de Proposición de Pruebas, luego de haber sido reprogramada varias veces debido a presuntas irregularidades relacionadas a que el Ministerio Público no había entregado la totalidad de la información que se había solicitado por parte de la acusación privada, es decir, el equipo legal que representa al Copinh y a la familia de Cáceres.
Sin embargo, el Tribunal decidió denegar esta solicitud argumentando que el artículo hace alusión a una afectación patrimonial, es decir, que el Copinh no es considerado como una víctima debido a que se trata de una afectación moral y no patrimonial.
Además, en la Audiencia no se admitieron como pruebas para el juicio informaciones relacionadas a directivos de DESA, "en este caso a cuatro integrantes de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa, quienes, según datos telefónicos" tenían "responsabilidad y participación en la ejecución de ataques sistemáticos al Copinh y en contra de Berta", dijo la abogada a esta agencia.
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El juicio oral y público contra los ocho presuntos autores materiales del asesinato comienza este lunes en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa y está previsto que se extienda un mes
