"El Estado argentino en general es muy permeable a intereses particulares de todo tipo, y el Poder Judicial no escapa de esa lógica", sentenció Delgado.
Se trata de intereses empresariales, político-partidarios, de amiguismo y que también atañen a los servicios de inteligencia.
No te lo pierdas: Una diputada argentina denuncia en Rusia "falta de Estado de derecho" en su país
Por eso en la justicia se observa "un proceso de degradación institucional que cada día crece", añadió el fiscal.
Acusaciones
Delgado trabaja en la esfera penal, uno de los fueros más sensibles del sistema judicial argentino.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo citó como indagado en una causa por revelar presunta información sensible en la investigación de la muerte de cinco jóvenes durante una fiesta electrónica celebrada en 2016, Time Warp.
Tema relacionado: Presidente argentino Macri pide a la Justicia demostrar que "no hay impunidad"
"Martínez de Giorgi me acusa de violar un secreto de sumario que no estaba vigente el día que dice que lo violé", se defendió el fiscal.
Bonadio acusó a Delgado por indagar sin tomarle juramento a un arrepentido brasileño, Leonardo Meirelles, quien aseguró haber realizado las transferencias de dinero a Arribas, un hombre cercano al presidente Mauricio Macri.
Además: Juez argentino pide extradición de arrepentido brasileño en causa Lava Jato
El Código Procesal Penal argentino prevé dos alternativas para interrogatorios, una bajo juramento, recordó el fiscal.
Al contrario, argumentó Delgado, hubiera incurrido en delito si procedía como quería Bonadío, "porque habría obligado a Meirelles a autoincriminarse bajo el juramento de decir la verdad, lo que no se puede hacer".
"Mi libro tiene la franqueza de un servidor público que trata de explicar desde su posición qué funciona mal, pero obviamente no ha caído bien y se ha mezclado con otras investigaciones que tenemos nosotros, de modo que el resultado son estas presiones", indicó.
Delgado añadió que nunca imaginó "que se iba a llegar a este extremo en el que jueces inventan causas para hacer investigaciones falsas".
"Unos sufrimos la intervención de los servicios de inteligencia y otros las disfrutan", sostuvo.
Presiones a medida
Del mismo modo que algunas coacciones "se pueden llevar a cabo, como en mi caso, inventando causas judiciales", en otras situaciones se toman en cuenta posibles favores personales, como los méritos de carrera que pueden favorecerse con un ascenso en un determinado concurso, o bien se recurre a extorsiones, comentó Delgado.
En el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), procesada en seis causas judiciales, "todavía hay demasiadas quejas y gritos y no ha habido juicio propiamente dicho para poder comprobar si hay una persecución o no en su contra", dijo Delgado.
Te puede interesar: Cristina Kirchner denuncia "gravísimas irregularidades" en proceso judicial
Problema regional
El fiscal observa una sensación en la opinión pública argentina "de hartazgo con respecto a la corrupción", en un contexto de descrédito general que afecta a las dirigencias política y judicial.
"Hay una ola continental en toda América Latina que ha puesto al corrupción en la cima de la agenda pública, principalmente tras los escándalos de Odebrecht", reflexionó Delgado.
Ningún cambio sustancial se ha producido en la justicia ni con el Gobierno anterior ni con el actual de Mauricio Macri, opinó el fiscal.
"La justicia debe ser un poder moderador de los ímpetus del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y debe estar afuera de esas relaciones que suelen ser tormentosas entre el presidente y el parlamento", consideró.
Audio: ¿A quién benefician los escándalos de corrupción?
Pero en Argentina "la justicia participa del juego que debería controlar y eso hace que algunos jueces sean más políticos que judiciales", alegó.
"El problema es que la ley no se aplica de manera uniforme y, para colmo de males, su aplicación está hecha fuera de todo contenido moral, casi como un arma", lamentó.
Otra distorsión se abre paso cuando por una errónea interpretación de la ley su ejercicio se delega en particulares, lo que colisiona con la lógica del Estado-nación, advirtió el fiscal.
Te puede interesar: Dimite el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina
"Es una deformación que los querellantes puedan impulsar investigaciones, lo que ocasiona que la acción penal pública aparezca privatizada pese a que es responsabilidad del Estado", describió.
Una reforma legislativa del Código de Procedimiento vigente, que todavía no ha comenzado a aplicarse en Argentina, propone que las investigaciones queden en manos de los fiscales y que los jueces se limiten a supervisar su trabajo, en sintonía con lo que comienza a implementarse en otros países de la región.
