"Estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia como un testigo protegido (la exagente); que un funcionario público, que una funcionaria de alto rango pretenda modificar la opinión, aparentemente, de este testigo es un caso grave que incluso podría acarrear responsabilidad penal, desde mi punto de vista como abogada", dijo Romo a periodistas.
Los abogados de Balda y Falcón dijeron que Espín habría ofrecido a la exagente protección de las Naciones Unidas y asilo en Europa si se retractaba de sus versiones y afirmaba que el Fiscal de la Nación la presionó para involucrar al exmandatario en el proceso penal.
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Espín reconoció que visitó a Falcón, pero aseguró que fue por "razones humanitarias" y no para presionar a la exagente.
La ministra del Interior advirtió que si no se cumplieron los requisitos para la visita "tendrá que haber sanciones".
Según el Ministerio de Justicia, el sistema de rehabilitación ecuatoriano tiene un régimen de visitas ordinarias y extraordinarias y para todos los casos se debe cumplir con ese régimen, previa autorización de las personas privadas de la libertad.
"En el caso puntual de la visita mencionada, la asambleísta Espín debió seguir con los protocolos de seguridad y régimen de visita respectivos", dijo el ministerio.
El Fiscal de la Nación, Paul Pérez, en cambio, aseguró que la visita es "una falta de lealtad procesal" porque fue desconocida por los otros sujetos procesales, y que se iniciarán acciones.
"En caso de que exista el cometimiento de un presunto delito se iniciará una investigación, caso contrario se tomarán otras medidas administrativas", dijo Pérez.
"Que el Fiscal inicie los procesos que quiera (…) en todo caso que presente las denuncias, que presente las pruebas de que yo he presionado a alguien (…). Iniciaré procesos legales contra los que están diciendo mentiras", añadió Espín.
El legislador Luis Fernando Torres calificó de "grave" la visita a la cárcel que hizo la legisladora y afirmó que podría darse una investigación al interior de la Asamblea Nacional, que podría terminar eventualmente en una destitución del cargo.
Correa reiteradamente a través de sus abogados y de su cuenta de la red social Twitter ha negado las acusaciones en su contra y ha asegurado que hay "falso testimonio, pruebas forjadas y chantaje en el caso Balda.
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En la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso, el Fiscal General de la Nación acusó al expresidente, al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y a los dos exagentes de Inteligencia como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio al político Fernando Balda.
Según la Fiscalía existen 28 evidencias que vinculan a Correa en el caso.
