"Después del referimiento realizado por seis países de la región, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional deberá seguir trabajando (…) para determinar si están dados los requerimientos legales para pasar a una fase de investigación formal", explicó de Alba acerca del procedimiento.
Para avalar sus denuncias consignaron dos informes, uno de ellos elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otro por un grupo designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
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Las autoridades venezolanas, por su parte, han desestimado la veracidad de estos documentos, alegando que fueron elaborados en base a información suministrada por organizaciones no gubernamentales financiadas por el Gobierno de EEUU.
El experto en leyes, consultado por esta agencia, destacó que la remisión presentada por dichos gobiernos lo que podría provocar es que se investigue "con mayor premura y presión".
No obstante, explicó que no es posible predecir con exactitud el tiempo que podría tomar a la fiscalía para definir si se amerita iniciar una investigación.
"El tiempo es muy difícil definirlo; dado el referimiento sucedido ayer (miércoles), me atrevo a decir que a más tardar en un año deberíamos tener conocimiento de cuál es la decisión de la Fiscalía", acotó.
No obstante, en parte, la predicción de estos lapsos se complica tratándose de un caso inédito, añadió.
Y es que se trata de la primera vez que otros países refieren una situación de otra nación a la Fiscalía de la Corte.
"La implicación concreta que tiene es que le coloca mucha presión a la Fiscalía para investigar más intensamente y anunciar su decisión sobre si pasar o no a la fase de investigación formal más rápido (debido a que no debe pasar por una sala judicial)", agregó.
Esta solicitud de los seis países ante la Fiscalía de la CPI tuvo, además, de generar la "presión" referida por de Alba, el objeto de ampliar el ámbito de investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad.
En el examen preliminar, iniciado el 8 de febrero de 2018, se pidió analizar los crímenes presuntamente cometidos por el Gobierno de Venezuela en el marco de manifestaciones y de la inestabilidad política registrada entre abril y agosto de 2017.
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La Corte Penal Internacional es un organismo que forma parte del sistema de la ONU, encargado de investigar y juzgar la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad.
Venezuela es parte de la CPI desde que entró en funcionamiento en 2002 y por ende ha aceptado que esta Corte tenga la facultad de juzgar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, por tanto, la decisión que se tome respecto a este caso deberá ser acatada por sus autoridades.
