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¿Tiene España la obligación de respetar el derecho de autodeterminación de Cataluña?

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BARCELONA (Sputnik) — España está obligada por el derecho internacional a respetar el derecho a la autodeterminación de Cataluña, según Carlos Villán, antiguo miembro de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Según afirmó Villán este 10 de octubre en una acto en el Parlamento Europeo, Madrid tiene "la obligación" de respetar el derecho a la autodeterminación de Cataluña, recogido en varios tratados internacionales.

El experto precisó asimismo que la Constitución Española "no prohíbe" ese derecho, "sino que simplemente no lo reconoce expresamente", informa Nació Digital.

"España no puede argumentar que Cataluña no pueda ser independiente porque España es una unidad territorial sacrosanta e inamovible", agregó Villán al señalar, que el derecho internacional no contempla la integridad territorial dentro del territorio de un estado, sino como un principio entre estados.

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En el acto, que contó con la presencia destacada de representantes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural —dos de las mayores organizaciones soberanistas de la sociedad civil catalana—, también participó Fernando Burgés, de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO).

A juicio de Burgés, la Comisión Europea "tiene algunos problemas" con el derecho a la autodeterminación, pero en ningún caso estos debieran servir para "obstaculizar la voluntad de los ciudadanos de una región europea que decidan en un referéndum de forma democrática y pacífica."

"Separarse de un Estado específico no quiere decir necesariamente separarse de la federación", argumentó en referencia a la Unión Europea.

Según el medio, la conferencia contó con la presencia de varios diputados y los exconsejeros de la Generalitat (Gobierno catalán) Toni Comín (Sanidad) y Meritxell Serret (Agricultura), que se trasladaron en octubre de 2017 a Bruselas con el fin de eludir la acción de la Justicia española, que reclamó después su extradición por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

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