Por este motivo estaban siendo investigados un empresario cercano al líder independentista, un profesor de universidad y dos agentes de los Mossos d"Esquadra (policía autonómica catalana).
El arresto se produjo después de que la Audiencia Nacional reactivase el 23 de marzo una orden de detención que había sido suspendida anteriormente.
Por ello, la Audiencia Nacional considera que las personas que acompañaban al líder independentista no pueden incurrir en un delito de encubrimiento, ya que no eran conocedores de que se había vuelto a activar la orden de detención.
Además: Sindicato de policías español denuncia al presidente catalán
El auto emitido por la Audiencia Nacional subraya que para incurrir en un delito de encubrimiento es preciso tener la "finalidad de impedir el descubrimiento del delito", algo que no sucede cuando los hechos se pueden achacar a "imprudencia, descuido o negligencia".
Pese a que se ha archivado la investigación, el tribunal acordó preguntar a la Fiscalía sobre si procede dictar una orden de búsqueda internacional contra el empresario que acompañaba a Puigdemont, Josep María Matamala, ya que se negó a prestar declaración durante la instrucción.
Más aquí: El abogado de Puigdemont asegura que jamás pedirá el indulto para su cliente
La orden que provocó la detención de Puigdemont tenía la intención de traerlo a España para que el Tribunal Supremo le juzgara por la posible comisión de delitos de rebelión y malversación, como uno de los principales responsables del proceso independentista que dio lugar a la convocatoria del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
Actualmente, el líder independentista se encuentra instalado en Waterloo (Bélgica), mientras que el Tribunal Supremo ya dictó la apertura de juicio oral contra 18 líderes independentistas investigados en la misma causa en la que él está procesado.
