"Estamos defendiendo que la ley se aplique dentro de los marcos que la Constitución regula, y no que se obligue a las personas a practicar abortos", afirmó la senadora del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe (derecha).
El protocolo establece una herramienta llamada "objeción de conciencia", que permite a los doctores de las clínicas privadas, negarse de aplicar abortos, y también faculta a clínicas completas a que no se realice esta práctica en sus dependencias.
Sin embargo, el Ministerio de Salud estableció que solo las clínicas privadas que no reciban aportes del Estado en materias obstétricas y ginecológicas pueden invocar esta herramienta, y aquello es lo que la derecha desea modificar, pidiendo eliminar ese requisito.
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"(Con ese requisito) el Estado pone de rodillas, chantajea y obliga a hacer cosas que no corresponde, utilizando una actitud completamente totalitaria, corriendo el límite en la intromisión de los privados", señaló la senadora.
El aborto en Chile fue despenalizado en tres causales en 2017, durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), en casos en que la vida de la mujer corra peligro, que se trate de un feto inviable de carácter letal y en caso de violación.
Durante los dos años que duró el trámite legislativo de la ley de aborto gran parte de la derecha se manifestó y votó en contra de sus disposiciones, y tras su aprobación en el Congreso, los principales líderes de ese sector intentaron impugnar la norma en el Tribunal Constitucional, sin éxito.