"De entrar en vigencia esta nueva reforma, pediremos la inmediata intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que sin duda encontrará motivos para dar un paso más allá de la situación actual de observación a Colombia", indicó el Consejo Político del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en un comunicado.
Tales magistrados serían seleccionados por el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría y tendrían experiencia en Derecho Internacional Humanitario (DIH) y derecho operacional, lo que para el partido de Gobierno daría garantías para el juzgamiento de los militares señalados de delitos de lesa humanidad en medio del conflicto armado, a quienes —según ese partido— no se les puede juzgar con el mismo rasero que a los exguerrilleros.
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"La institucionalidad del Estado elegirá a los nuevos magistrados que juzgarán a los miembros de dicha institucionalidad del Estado que tengan responsabilidades derivadas del conflicto, falta absoluta de parcialidad que se aprueba cuando ya entró en vigencia la JEP", manifestó la FARC.
Por último, el Consejo Político de FARC señaló que las disposiciones que hacen curso en el Congreso para modificar la JEP tienen la "clara intención de desvirtuar los propósitos principales" de este modelo judicial, entre los cuales está reparar a las víctimas del conflicto armado y la reconciliación nacional a través del esclarecimiento de la verdad.