"Para la Procuraduría una solicitud encaminada a realizar un juicio de legalidad sobre la actuación de la autoridad judicial del Estado requirente, o la responsabilidad penal, se hace innecesaria", señaló la Procuraduría en un comunicado.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el 9 de abril de este año en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y puede ser objeto de extradición.
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Así, en una decisión inédita, la JEP, a través de la Cancillería colombiana, reclamó a EEUU "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de Santrich, con lo cual mantiene suspendido el proceso a la espera de que el gobierno estadounidense aporte las pruebas, lo cual se prevé que no ocurra, ya que es algo impropio en los trámites de extradición.
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Según la Procuraduría, la JEP no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
