"La información solicitada por la CIDH no ha sido presentada en su integridad hasta la fecha. (…) se reitera una vez más la importancia de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que el ESE acceda a la totalidad de la investigación a la brevedad", dijo el ESE en un comunicado.
El comunicado añadió que, de ser el caso, se agilite la coordinación con las autoridades judiciales para que autorice a la Fiscalía General del Estado entregar dicha información al ESE.
El ESE recomendó a la fiscalía ecuatoriana incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico.
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Tras revisar los procesos de investigación, el ESE sostuvo que en Colombia existen avances significativos de la Fiscalía, que han logrado la captura y judicialización de al menos tres de los coautores del crimen.
Sostuvo que es necesario que la fiscalía realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el Frente Oliver Sinisterra, en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018.
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En el comunicado, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recordaron que los Estados tienen la obligación de establecer medidas de protección específicas a periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encuentran frente a un riesgo inminente.
Adicionalmente, demandaron información acerca de si se adoptaron medidas de prevención y protección a periodistas dado el evidente interés público en los hechos que ocurrían en la zona y si eran suficientes para la protección de la integridad de los periodistas, así como las recomendaciones que se les impartieron en el puesto de control militar, entre otros aspectos.
También recomendaron investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado, profundizando la investigación sobre el trabajo que realizaban los periodistas y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley.
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Reiteraron que los familiares tienen derecho a saber las circunstancias y el motivo del secuestro, y recordaron que frente a crímenes contra periodistas, los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia en las investigaciones y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de las víctimas.
El ESE también recogió la solicitud de los familiares sobre la necesidad de investigar y conocer la información relativa a las acciones adoptadas por los Estados involucrados en relación con las comunicaciones mantenidas con los perpetradores mientras duró el cautiverio de las tres víctimas, las negociaciones que tuvieron lugar y las operaciones que cada uno de los Estados o en conjunto adoptaron durante el cautiverio.
Los cadáveres de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron hallados en Tumaco (sur de Colombia) el 21 de junio e identificados luego de realizarles varias pruebas forenses en un instituto de Cali (suroeste colombiano).