"Lo que va a pasar en el caso de Santrich es que la JEP va a negar su extradición de alegando que debieron admitirse unas pruebas, violando así unos tratados internacionales y desconociendo la figura de la extradición", consideró Bernate, analista político en varios medios de comunicación locales.
Por tanto, la justicia colombiana "no evalúa o cuestiona las pruebas" ante un pedido de extradición, lo cual hace parte de una dinámica internacional que aplican los países de manera recíproca.
"Si se dan los requisitos de forma, Colombia entrega a la persona porque Colombia no cree que su justicia esté en condiciones de juzgar lo que hacen las justicias de otros países", explicó el penalista, especialista en temas de extradición.
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Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz con las disueltas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue detenido el 9 de abril de este año en Bogotá por agentes de la Fiscalía en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por Departamento de Justicia de EEUU.
Sin embargo, y como parte del acuerdo, Santrich no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la JEP, que el pasado 23 de octubre concluyó que tiene potestad amplia para "evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".
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Así, en una decisión inédita, la JEP, a través de la cancillería colombiana, reclamó a EEUU "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de Santrich.
Relcamación de pruebas
La decisión de reclamar a EEUU las pruebas contra Santrich fue votada a favor por los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck y Adolfo Murillo, lo que también generó división al interior del tribunal, ya que las juezas Claudia López y Gloria Amparo Rodríguez se apartaron de esa medida.
Dicho de otro modo, a juicio López y Rodríguez, así como del propio Bernate, "controvertir el indictment invade la jurisdicción penal" de EEUU con el fin de dar curso a un procedimiento penal ordinario paralelo, lo cual es impropio del trámite de extradición.
"La JEP ha dado cuenta de no tener entre sus miembros personas con formación en la práctica judicial (…), por ello se arrogaron el papel de juzgar si la justicia colombiana o la de EEUU tiene fundamentos para juzgar a Jesús Santrich", agregó Bernate.
Incomodidad diplomática
A juicio de Bernate, la libertad de Santrich "es un hecho" y "está cantada con anticipación" si se tiene en cuenta que es muy poco probable que EEUU pase por encima de sus principios judiciales y envíe las pruebas contra el exguerrillero al tribunal de paz.
La situación, consideró el penalista, generaría "una situación diplomática muy incómoda" con EEUU, ante la cual es probable que la Fiscalía de Colombia reaccione de manera judicial a fin de revivir la extradición del exguerrillero.
Por ahora, a juicio de Bernate, "institucionalmente no hay ninguna salida" y la suerte de Santrich está en manos de los magistrados de la JEP, quienes ostentan el derecho de dar la última palabra sobre el caso.
